A Felipe Calderón lo aguarda un proceso judicial para cuando abandone la Presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral.
A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución política durante el proceso electoral del año pasado.
La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”.
Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.
Incluso la declaratoria de guerra que Calderón le hizo al narcotráfico, comenta, fue una expresión coloquial que no tiene implicaciones jurídicas. “Pero lo que no podrá hacerse es que todo lo ocurrido quede sin investigarse y sin dictamen oficial, independientemente de que sea la verdad histórica”. Por ello, Valadés propone que desde el Congreso se cree “una gran comisión nacional de investigación de la violencia”.
Esta instancia, dice, realizaría el diagnóstico “de las formas de ejercicio de la violencia por parte de los delincuentes y de las fuerzas del Estado, para que sobre éstas no caiga la sombra de la duda de que pudieron haber delinquido. Y para que si alguien como miembro de las mismas delinquió, que no ensombrezca la imagen del Estado en general, sino que responda quien deba hacerlo por los delitos que pudiera haber cometido”.
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Valadés señala que “la democracia a medio construir” de México impide la censura y consecuente salida de un secretario de Estado, como la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En el “sistema semidemocrático” que prevalece en México la responsabilidad política no se puede traducir en sanciones, dice en entrevista con Proceso, efectuada en medio de la discusión pública desatada a raíz de la demanda de que renuncie García Luna, planteada por el poeta Javier Sicilia al final de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.
Doctor en derecho constitucional cuyas investigaciones abordan temas como el control del poder, el también exdirector del IIJ advierte sobre la falta de mecanismos para procesar ese tipo de exigencias.
“Esto denota la insuficiencia de nuestro sistema constitucional en materia de consolidación democrática, porque si bien tenemos libertades públicas, como se expresó el domingo (8 de mayo), cuando todos los ciudadanos que lo desearon pudieron participar (en la marcha) en los términos más libres posibles, no tenemos el complemento de las libertades públicas, que son las responsabilidades políticas”, apunta.
Inmunidad temporal
La Constitución establece con claridad las responsabilidades jurídicas de los servidores públicos, incluido el presidente de la República. El TEPJF refrendó este precepto el 25 de agosto pasado al emitir su fallo en el juicio promovido por el PRI en contra de Calderón por hacer propaganda ilegal en el proceso electoral de 2010.
La resolución fue adoptada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a propuesta de su presidenta, María del Carmen Alanís, quien en 2006, debido a su cercanía con Margarita Zavala, fue una de las impulsoras de la candidatura presidencial de Calderón.
Los magistrados determinaron que el titular del Ejecutivo federal violó el artículo 41 constitucional, “que se refiere nada menos que al ejercicio de la soberanía popular”, apunta el constitucionalista, quien desde febrero de 2007 es miembro de El Colegio Nacional.
Explica que aunque el título IV de la Constitución, que alude a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, no establece responsabilidades específicas para el presidente, el TEPJF determinó que Calderón “sí puede ser sujeto a un procedimiento administrativo sancionador en materia electoral”, a pesar de lo establecido en el artículo 108 de la Constitución.
De acuerdo con ese precepto, durante el tiempo de su encargo el presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
“Sin embargo –sentenció el tribunal– ello no descarta la posibilidad de que a la conclusión del mandato pueda ser juzgado de manera ordinaria por cualquier otro delito cometido durante el periodo de su gestión, puesto que la inmunidad de la que goza sólo se hace efectiva durante el tiempo que funge como presidente de la República.”
En su dictamen, los magistrados electorales advirtieron: “La inmunidad constitucional establecida a favor del presidente de la República no tiene alcances de eximirlo de responsabilidad por una violación a normas constitucionales y legales en materia electoral”.
Asimismo, el tribunal determinó que Calderón violó la Constitución “al difundir propaganda gubernamental” los días 15 y 30 de junio y 1 de julio, en vísperas de las elecciones del 4 de julio de 2010. Entre otras, Calderón hizo alarde de sus acciones en materia de seguridad.
Los magistrados le imputaron al mandatario “la violación directa” al segundo párrafo del apartado C, base III, del artículo 41 de la Constitución. Según esa disposición, durante el tiempo que duren las campañas electorales federales y estatales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, salvo que se trate de una emergencia.
Con su conducta, plantea Valadés, Calderón violó el artículo 87 constitucional “que contiene el juramento que hizo el 1 de diciembre de 2006 de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y que termina: ‘y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande’”.
Afina su argumentación: El artículo 51 de la Carta Magna dice que para efectos de representación de la nación está la Cámara de Diputados. Así es que en función de ambos artículos, ésta “debía presentar una denuncia a la brevedad ante la PGR en contra del ciudadano Felipe Calderón para que la averiguación proceda cuando deje de ser presidente de la República”.
Considera que esa acción debe ser emprendida de inmediato por la actual legislatura. Dejarlo para la siguiente “parecería un acto de venganza política y no debe ser entendido así, sino como observación de una obligación, la que tienen los representantes de defender los intereses de la nación”. Además, “actuarían apoyados en una resolución que tiene fuerza de ley”, como lo es la sentencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Respecto de una eventual sanción contra Calderón, dice que le es aplicable el artículo 407, fracción III, del Código Penal Federal, que establece de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, como es el aparato propagandístico gubernamental.
La prescripción del delito, equivalente al término medio de la pena, se empezaría a contar a partir de que haya una denuncia contra Calderón. “Por eso considero que la actual legislatura debe poner en conocimiento del Ministerio Público lo que ya resolvió el Tribunal Electoral”, indica el jurista.
Reincidencia
Una conducta similar a la de Calderón le atribuyó el propio Tribunal Electoral al expresidente Vicente Fox. En su dictamen del 8 de septiembre de 2006, en el que declaró presidente a Calderón, el TEPJF matizó su imputación al decir que si bien Fox “puso en grave riesgo la elección” al operar en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, su interferencia no se podía medir electoralmente.
Miembro de institutos y academias de derecho en América Latina y Europa, Valadés habla de las implicaciones de la violación cometida por Calderón:
“Hubo impunidad para el presidente en 2006. En 2009, el presidente reiteró los hechos, y si de nueva cuenta hay impunidad, entonces quiere decir que muy bien podrá reiterar los hechos en 2012. Es decir, si ya violó la Constitución en 2009 y no hay nada ni nadie que se lo impida, podemos presumir y temer que puede hacer lo mismo en 2012.”
Admite que una denuncia de la Cámara de Diputados generaría tensión en el país, “pero si el año que entra hubiera otra vez violación de la Constitución por parte del presidente, la tensión también sería inevitable. De manera que estamos lamentablemente condenados a vivir un periodo de tensión política mientras no resolvamos la estructura de nuestro sistema constitucional, por lo que se refiere al régimen de gobierno”.
Y añade: “No queremos ser gobernados por delincuentes y tener expresidentes en la cárcel; pero para evitarlo tenemos que mandarles a los presidentes mensajes firmes, claros, precisos y basados en derecho para que se abstengan de violar la ley y cumplan con la obligación a la que se comprometieron cuando tomaron posesión conforme al artículo 87 de la Constitución”.
–¿Es un asunto de equilibrios?
–No, es un asunto de control del poder.
Explica: “El gobierno no está controlado ni por lo que respecta a sus actos ni a sus omisiones”. Y cita el caso del obsequio de entre 13 mil y 17 mil millones de pesos –mediante deducciones impositivas– al sistema educativo privado decretado este año por Calderón, y apoyado a su vez en un decreto de 1977 del entonces presidente José López Portillo. La medida, dice Valadés, se tomó en un momento de restricciones presupuestales en que la educación pública presenta muchas carencias.
“No tenemos formas de fincar responsabilidades. Esto quiere decir que nuestros controles son los que están fallando”, en particular el del Legislativo. “No puede ser que el Congreso establezca los impuestos y que el presidente decida quiénes no los pagan”, expone.
Autor, entre otros, de textos acerca del sistema representativo, asegura que esa ausencia de controles demuestra que el Estado mexicano es “altamente deficitario”. En el caso del gobierno de Calderón, dice, este hecho se expresa en su actuación ante el problema de la inseguridad.
Valadés considera que no obstante estar apoyada en el derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional, la solicitud de renuncia de García Luna “carece de instrumentos constitucionales para procesarla”.
En cambio, en un sistema democrático consolidado, esa demanda tendría un gran respaldo al permitir la censura de los integrantes del gabinete, formulada fundamentalmente por los congresos o los parlamentos.
“Si ese fuera el caso, el secretario García Luna habría dejado hace tiempo de formar parte del gabinete presidencial. Pero en las democracias a medio construir, como la mexicana, en la que todavía padecemos los efectos de un presidencialismo autoritario, altamente concentrador del poder, lo que planteen la sociedad y el Congreso, así sea de manera mayoritaria, puede ser ignorado por el presidente de la República. Es un signo más de la caduquez de nuestro sistema presidencial”, lamenta.
Anacronismo
Aunque en México no se establece la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, “lo que no podemos entender es que la irresponsabilidad del jefe de Estado trascienda y beneficie a todos los que colaboran con él”.
Y apunta: “En México no se equivocan el presidente ni el secretario de Seguridad Pública o el de Gobernación ni ningún otro secretario de Estado, aunque todos los mexicanos estemos enterados y seamos conscientes de los múltiples errores en que incurren.
“Los fracasos de los secretarios de Estado son palmarios y los estamos pagando todos. Tenemos una pluralidad de secretarios fallidos que fracasaron hace mucho tiempo y que demuestran que el problema va más allá del narcotráfico. El eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.”
Modificado el sistema en el que el titular del Ejecutivo concentraba el poder, ahora “el presidente ocupa el vértice de poder, pero sin los instrumentos del mismo. En esas circunstancias, ni hace ni deja hacer.
“Ser jefe de Estado en México –puntualiza– es ser el protagonista de un sistema que ya falleció y del que sólo nos queda la representación fantasmagórica de una autoridad que carece de instrumentos para alcanzar resultados objetivos.”
Y si, además, “llevado por ese falso principio de autoridad de que sus decisiones son perfectas y por lo tanto irrevocables, como en el tema de la seguridad, entonces puede sostener a quien se le ocurre y antoje”, dice en relación con el apoyo de Calderón a García Luna.
En una entrevista con Julio Scherer García, publicada en el libro Historias de muerte y corrupción, escrito por el fundador de Proceso y cuyo adelanto apareció en la edición 1790 del semanario, el general retirado del Ejército Luis Garfias Magaña insistió en que Calderón debió haber procedido a la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional para actuar contra el narcotráfico.
Valadés coincide: “Los actos de gobierno habrían sido controlados por el Congreso y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tendría el apoyo de todos los partidos. Se habría construido una política de Estado. Pero el presidente quiso tener todos los lauros de la victoria; pero también va a recibir todo el acíbar de la derrota”.
A la violencia exacerbada, detalla, se suma la lenidad en la PGR; es decir, el incumplimiento de su deber de investigar los delitos, sobre todo de aquellos emblemáticos, como los que se relacionan con el caso de los niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora; el de las fosas clandestinas en estados norteños, o el de la situación de los inmigrantes centroamericanos, quienes son asesinados y sometidos a toda clase de vejaciones en su paso por México hacia Estados Unidos.
“Esto habla de que el país está viviendo una dilución institucional como no conocíamos desde el siglo XIX. Y, o tenemos una respuesta rápida, constructiva, de una reforma institucional muy profunda en el tiempo más breve posible, o bien lo que estamos viviendo hoy nos lleve a situaciones peores, y muy bien podría ocurrir que en 2015 digamos: ‘qué bien estábamos en 2011’”, sentencia.
Fuentes de la Función Pública confirman que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos los estados financieros de Vega Casillas y de su cónyuge, Gladis López Blanco (recientemente acusada en varios medios de comunicación de, supuestamente, haber participado en una extorsión a gasolineros).
El nivel de confrontación entre las dos dependencias llegó a tal punto que se necesitó la intervención del presidente para no poner en riesgo las principales estrategias de su administración, aseguran fuentes del gobierno federal consultadas por Contralínea que solicitan el anonimato por temor a represalias.
De acuerdo con los informantes consultados por Contralínea, las conversaciones de los exfuncionarios de la PGR sí habrían acreditado actos de supuesta corrupción.
