(Y PANISTAS)
Andrea Becerril, Roberto Garduño, Víctor Ballinas y Elizabeth Velasco
La fracción del PRI en el Senado denunció ayer que la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se niega a proporcionar la lista de los mil 500 contratos de guarderías subrogadas, porque entre los beneficiarios están Marta Sahagún, el ex legislador Carlos Medina Plascencia y otros "distinguidos panistas".
En nombre de su bancada, los senadores Carlos Lozano de la Torre y Cleominio Zoreda informaron que presentarán hoy un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente a fin de que el órgano legislativo exija al director del IMSS, Daniel Karam, "que sin excusa ni pretexto publique de inmediato la lista y contenido" de los particulares a quienes se subrogó el servicio de guarderías.
"¿Qué es lo que se está intentando ocultar? ¿Por qué a 25 días de la terrible tragedia en la guardería ABC de Hermosillo no se publica la lista de beneficiarios a pesar de la recomendación del IFAI? ¿Por qué no está a disposición del público y de este órgano legislativo?", preguntan los senadores priístas en el documento que hoy se presentará al pleno.
Hicieron notar que se está tratando de ocultar, al menos hasta después del próximo domingo, cuando ya haya concluido la jornada electoral, "a las prominentes personalidades panistas relacionadas con las concesiones de guarderías".
En tanto, en entrevistas por separado, defensores de derechos humanos y legisladores de PRD y PRI calificaron de "ominoso" el trato otorgado por las autoridades federales y del estado de Sonora a los familiares de los 48 niños fallecidos a consecuencia del incendio de la guardería ABC, al condicionarles el respaldo necesario en momentos tan complicados para ellos.
"Es monstruoso y muy lamentable lo que deliberadamente las autoridades han aplicado contra las familias afectadas", sostuvo José Murat. Por su parte, el vocero del PRD en la cámara, Camerino Márquez, acusó a los dos órdenes de gobierno (estatal y federal) de politizar electoralmente la desgracia de los infantes, generando así "el cobro de facturas entre los gobiernos del PRI y el federal".
El senador perredista Carlos Navarrete y su correligionario, el diputado Juan Guerra, exigieron a ambos niveles de gobierno dejar de lucrar con las víctimas. "Esto es ya una rapiña que no puede tolerar la sociedad mexicana", comentó el segundo.
Al respecto, la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), Gloria Ramírez, manifestó que es "indignante y da vergüenza" la manipulación que los gobiernos federal y estatal hacen del caso de la guardería ABC. El gobierno mexicano, subrayó la defensora de derechos humanos, "desde el periodo de Vicente Fox a la fecha cree que con dinero se resuelven los problemas de violaciones a las garantías".
Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, sostuvo que "es inadmisible y es contrario a los derechos humanos la propuesta que hizo el gobernador Eduardo Bours de condicionar la indemnización de 1.4 millones de pesos a los padres de los niños muertos, a que cedan al gobierno estatal los derechos para demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social y a los dueños de la estancia".
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI advirtió, en alusión al PAN, que una “sorpresa más de guerra sucia pondría en riesgo la tranquilidad de las elecciones, si se sigue mezclando la política con la procuración de justicia”.
El secretario de Organización del tricolor, Arnaldo Ochoa, y la sonorense Guadalupe Aguirre, reprocharon al PAN y "a sus agoreros el uso electoral de la tragedia". De ésta, prácticamente deslindaron al gobierno de Bours Castelo, al señalar que los responsables de autorizar el funcionamiento de las guarderías en el país son las autoridades federales.
En conferencia de prensa, Ochoa también descartó que los sonorenses vayan a dar un "voto de castigo" al PRI, por la tragedia del 5 de junio en la guardería ABC, por el contrario, manifestó un "optimismo razonado" por los resultados en favor del tricolor que arrojan las encuestas.
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Pruebas, exige Diego Cobo a legisladores del PRD
Roberto Garduño y Mariana Norandi
La posibilidad de que se lleve al Instituto Federal Electoral (IFE) una solicitud para que retire el registro al PVEM provocó controversia en la Cámara de Diputados.
Diego Cobo, legislador del PVEM, sostuvo que la campaña de su partido despierta envidia en las otras fuerzas políticas y por esa razón pretenden que desaparezca. Los perredistas Juan Guerra y Humberto Zazueta coincidieron en que existen pruebas suficientes y referencias históricas para quitarle el registro.
Cobo defendió el activismo electoral del PVEM, promovido por Televisa y Tv Azteca, y retó a quien las tenga, a presentar las pruebas de metamorfosis en partido que algunos llaman "franquicia".
Los legisladores perredistas afirmaron que el PVEM nació como partido familiar, ha crecido como partido familiar y seguirá siendo un partido de familiares: "No es nada personal, es un problema de congruencia, porque ese partido no representa nada del cuidado a la ecología, y se mantiene medrando con su registro, al grado que las televisoras ya les llegaron al precio para vender sus candidaturas".
Cobo previó para su partido una bancada de más de dos dígitos, y al preguntarle sobre la posibilidad de que retiren el registro al PVEM, si se comprobara que vende candidaturas a intereses empresariales, por encima de su naturaleza de servir a la sociedad, insistió en que deben presentarse pruebas contundentes.
Por separado, el senador Arturo Escobar, del PVEM, reiteró su intención de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la multa que le impuso el IFE, de 4 millones de pesos, por sus inserciones "ilegales" en la revista Tv y novelas. Manifestó que está convencido de que ganará este proceso, como lo hizo cuando sancionaron a su partido por difundir en la televisión "informes de labores" de sus legisladores.
Sostuvo que impugnarán la decisión del IFE una vez que reciban la notificación, y acusó al PRD de realizar una "campaña negativa" contra el PVEM porque está "temeroso de que podamos asumir el tercer lugar nacional".
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