Iztapalapa
Luis Javier Garrido
Los actos de corte abiertamente fascista con los que el gobierno de facto de Felipe Calderón está manipulando el proceso electoral de 2009, con la intención de hacer prevalecer al PAN por sobre los demás partidos, y tratar de apoderarse del poder político a nivel local, siguen degradando la vida política de México, dañando a la economía y exacerbando la ira popular.
1. La mascarada seudolegal pactada por Calderón con Jesús Ortega para imponer con un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Silvia Oliva –aliada de Los Pinos– por sobre la lopezobradorista Clara Brugada –abanderada del movimiento popular–, como la candidata del PRD a la jefatura delegacional de Iztapalapa, con vistas a que el PAN se apodere de la capital en 2012, ha sido tan burda que ha terminado por desenmascarar a los dos cómplices.
2. El desastre institucional que han ahondado en el país los asesores del Partido Popular español que Calderón trajo para poder mantenerse en el gobierno no puede, sin embargo, extrañar a nadie, ya que el michoacano, que llegó a la silla presidencial por un fraude electoral, se ha mantenido en el poder a pesar de su desastrosa gestión por el uso faccioso de las fuerzas armadas y una costosísima campaña mediática, y no tendría otra opción para prevalecer que el fraude que está de nuevo preparando en este 2009.
3. Los llamados al abstencionismo o a la anulación del voto que han proliferado en este proceso han generado una enorme confusión porque han provenido de diversos horizontes políticos y tienen propósitos opuestos, ya que si bien un sector de ciudadanos asqueados por el sistema electoral fraudulento y las manipulaciones que están haciendo Calderón y los panistas convocan como protesta a abstenerse o a anular el voto (sin darse cuenta de que su propuesta no tendría efecto dado que, como en pasado, la principal consecuencia de ella sería que panistas y priístas se repartiesen sus votos), desde la derecha se promueve también esta reacción para desmovilizar a los sectores populares.
4. La realidad de las cosas es que la llamada transición mexicana no ha sido más que un proceso de regresiones en lo económico, en lo social y desde luego en lo político, y particularmente en lo político-electoral, donde a) el IFE, en manos de pillos del partido en el gobierno, no es más confiable que la Comisión Federal Electoral que existió hasta 1995; b) el TEPJF, lejos de garantizar procesos democráticos no ha sido más que un instrumento del Ejecutivo y no ha tenido más función que presentar como legales las imposiciones políticas; c) los ciudadanos siguen sin tener otras vías institucionales de participación democrática, y sin que se les reconozcan derechos políticos plenos; y d) los partidos políticos, de ser instancias ciudadanas, se han convertido en instrumentos del poder oligárquico, financiados y sometidos por el Estado para hacer viable la imposición del modelo atroz del capitalismo neoliberal que entrega el control de las riquezas de las naciones y de los derechos de los pueblos a los consorcios trasnacionales.
5. Los partidos políticos han sufrido en los años del neoliberalismo una mutación profunda en sus principios, su organización y sus objetivos y en su casi totalidad se han subordinado a los dictados de los organismos financieros internacionales y del gobierno de Washington de tal suerte que en buena parte de los países los ciudadanos no tienen opción en las elecciones: todos los partidos se asemejan, y cuando en alguno surge una corriente disidente el Estado tiene los medios para someterla, por la sencilla razón de que los partidos no representan intereses populares, y ése es el proceso por el que atravesó el PRD: es bajo la conducción de los chuchos, al igual que el PRI y el PAN y sus aliados, un instrumento de los grupos oligárquicos.
6. En México, el TEPJF no sólo legalizó el fraude de Calderón y de sus secuaces, sino que al poder intervenir en asuntos internos de los partidos impuso fraudulentamente en 2008 como presidente del PRD a Jesús Ortega, hombre de las confianzas de Calderón, al igual que ahora pretende imponer como delegada en Iztapalapa a Silvia Oliva.
7. La corriente llamada Nueva Izquierda o de los chuchos del PRD, que se apoderó del aparato partidista en una paciente labor de zapa de varios lustros con el apoyo de los gobiernos panistas de Fox y de Calderón y el aval del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que la ha seguido apoyando en los últimos años, según se ha señalado, por resentimiento con el movimiento popular que respaldó a Andrés Manuel López Obrador, funge como un ariete del capitalismo neoliberal y del propio PAN para terminar de liquidar un proyecto político, reconvirtiendo al PRD en un partido paraestatal o palero: una versión de la socialdemocracia a la mexicana que apoye al gobierno espurio de la ultraderecha y colabore al desmantelamiento del Estado mexicano y de sus instituciones sociales.
8. Las prácticas gangsteriles y depredadoras de las que muchos militantes han acusado a Jesús Ortega y a muchos de sus cómplices, para terminar de destruir un proyecto político y uncirlo al modelo neoliberal, poniéndolo al mismo tiempo al servicio del grupo yunquista del PAN, no se inscriben, en consecuencia, más que en ese proceso global, que en América Latina han respaldado fuerzas políticas que se pretendían de izquierda y democráticas, hoy completamente corrompidas como Acción Democrática, de Venezuela, o el APRA, de Perú.
9. La respuesta ciudadana ante el doble desafío de a) un sistema electoral fraudulento como el que Carlos Salinas de Gortari pactó en 1988 con los panistas (que ahora lo están traicionando alentados por el PP español) para entregarles la Presidencia en 2000, y b) el hecho de que las opciones se cierren y el aparato del PRD esté en manos del gobierno, debe seguir siendo, por lo mismo, la organización, la movilización y la resistencia civil, pero si existe un resquicio electoral y hay candidatos democráticos del movimiento popular bajo los emblemas de Convergencia y del PT hay que votar por ellos y evitar que la derecha fascista se apodere por completo del aparato electoral.
10. Muchos mexicanos lo han entendido y la disputa por Iztapalapa va a ser, por eso, larga, pero es desde ahora ya significativa, pues el proyecto oligárquico manipulador va a encontrarse muchas más resistencias de las que supone.
El hartazgo difuso respecto al empleo irresponsable del poder ha desencadenado el debate sobre la anulación del voto. En el río revuelto de la indignación surgen las redes de quienes quisieran adelgazar aún más al Estado y los promotores de la amnesia sobre la ilegitimidad, los excesos y las torpezas del morador de Los Pinos.
Hace seis años Fox orquestó el descrédito contra un Congreso limitante de sus reformas “estructurales” y pidió “quitarle el freno al cambio”. Estrategia para apuntalar al partido del gobierno en las urnas, fracasada, que lo arrojó al contubernio con Madrazo a fin de urdir y ejecutar el desafuero de López Obrador.
En los sistemas presidenciales, las elecciones intermedias son instrumento de control democrático sobre el Ejecutivo. Ratifican una mayoría, la ajustan o la revierten y obligan a un cambio de política. Trance en el que, por ejemplo, Obama se verá el año próximo.
El carácter hegemónico del régimen mexicano las volvía casi inútiles y de ahí el abstencionismo. En 1997 nos propusimos arrancar la mayoría al Presidente y lo logramos. El mecanismo se pervirtió después, por la turbia alianza PAN-PRI, que no permite discernir si éste es socio del gobierno, oposición o todo lo contrario.
Cuando el drama nacional debiera otorgar a los comicios un sentido plebiscitario, a efecto de construir un nuevo bloque mayoritario, surge la iniciativa de descalificarlos. Es vasto el desprestigio del sistema de partidos, pero más aún el fracaso de la transición, la podredumbre del régimen, la catástrofe económica y el aberrante predominio de los poderes fácticos.
Tachar a los candidatos entraña un desahogo moral del que no se sigue proyecto político alguno. Es una reprobación genérica que elude la rendición de cuentas: las denuncias contra ex presidentes, las complicidades con el narcotráfico, la defraudación electoral, la incuria infanticida, el estado de sitio, la demagogia sanitaria y el lamentable desempeño de la cámara saliente.
Anular significa “dejar sin fuerza”, “suspender” o “desautorizar”. ¿A quiénes? ¿A los que todavía no son electos? Una suerte de aborto representativo alentado —en muchos casos— por los defensores del “derecho a la vida”. ¿No sería más consecuente revocar el mandato de quienes han fallado y comenzar así la demolición del castillo de la impunidad?
Conspicuos “anulistas” rescatan asignaturas de la reforma del Estado, según preferencias ideológicas, pero sin reclamo por el abandono del conjunto. ¿A quiénes exigiremos la introducción de cambios legales? ¿A legisladores fantasmas? O bien a los aparatos políticos y las cúpulas que saldrían beneficiadas con la operación.
La flecha va contra los partidos emergentes: a mayor número de votos nulos menor proporción de sufragios repartibles. Una revancha además de las televisoras, que ocuparían el espacio de las instituciones constitucionales, dictarían agendas y ahogarían la diversidad ciudadana.
Tenemos que encontrar la salida del callejón. El sistema electoral se ha corrompido y son inocultables los vicios de la partidocracia. Debilitar la legitimidad republicana sería pavimentar el camino del fascismo. Lo sensato es fortalecer el Congreso para equilibrar los poderes; lo absurdo, pretender la recomposición del Estado fallido con candidatos fallidos.
Queda un tiempo angustioso para reconstruir el Estado. Apostar a un movimiento insurgente sería suicida. Generar mejor un movimiento social capaz de modificar el rumbo sin arrollar la precaria institucionalidad. Devolver a los ciudadanos el ejercicio de la soberanía por la liberación de los medios de comunicación y la implantación de la democracia directa.
Requerimos acciones de aliento para evitar el colapso del bicentenario. Llamar el 1 de diciembre a un referendo revocatorio —o anulatorio— de Felipe Calderón y convocar la Asamblea Constituyente del 2010. A grandes males, iniciativas mayores.
Ex embajador de México ante la Unión Europea
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MUÑOZ LEDO DEMANDA DEBATES
Alma E. Muñoz
Porfirio Muñoz Ledo envió ayer una carta al consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, en la que le reitera la importancia de que haya debates entre candidatos a diputados federales, como es su caso. Por lo que hace a la cuarta circunscripción, que comprende la ciudad de México, podríamos concurrir a uno quienes encabezamos las listas o quienes de entre los postulados designen los partidos. Lo mismo podría hacerse en otras regiones, con un impacto que estimularía los debates a nivel distrital, además de que mejoraría la calidad del voto, le dijo. Resaltó que la difusión de los debates no tendría impedimento legal alguno, ya que el artículo 49-5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales faculta al IFE como autoridad única para la administración del tiempo del Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines. Asimismo, le propuso al IFE invitar al Canal del Congreso y al de la UNAM, además de que la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación ampliaría su alcance ciudadano. Estimó que la Cámara de la Industria de Radio y Televisión no tendría, en este caso, inconveniente en prestar su colaboración, tratándose de debates entre candidatos apegados a la ley.
