LA REVOLUCION CONGELADA video prhibido por Echeverria

La Revolucion Congelada por el cineasta argentino Raymundo Gleyzer 1970 1-6

Prohibido por Luis Echeverría, el documental es una feroz crítica al sistema
México, la revolución congelada se estrena con 36 años de retraso

La mirada extranjera sobre la represión estudiantil y el trabajo semiesclavo del sureste

BLANCHE PETRICH

Ampliar la imagen Imagen del documental de Raymundo Gleyzer que después del repaso a la revolución mexicana llegó al sureste del país

Nunca antes exhibido en México, el documental México, la revolución congelada, realizado en 1970 por el cineasta argentino Raymundo Gleyzer ­secuestrado y desaparecido por la dictadura de su país en 1976­, arranca con imágenes de la parafernalia priísta en la campaña presidencial del que fue poderoso secretario de Gobernación, Luis Echeverría. En el periodo que va entre las matanzas de Tlatelolco (1968) y del jueves de Corpus (1971), registra la decadencia de la "revolución institucional" del PRI en su quinta década de poder, recorre el empobrecido sureste mexicano y concluye con el sello de sangre del 2 de octubre de 1968.

La película, alentada por Echeverría, quien se había sentido halagado por el interés de ese equipo de "televisión alemana" que se le acercó cuando intentaba recomponer su deteriorada imagen internacional, se estrenó en Buenos Aires en 1971. El impacto del documental alcanzó las páginas de los diarios porteños. Aquellas imágenes de los caídos el 2 de octubre ­"cuando en una sola tarde el gobierno mexicano mandó matar 400 estudiantes"­; las historias de los modernos esclavos de las haciendas henequeneras, de una CTM gangsteril, nunca habían sido exhibidas en ese contexto en Sudamérica. No era el elogio a la "revolución hecha institución" que el régimen mexicano esperaba; era la feroz crítica a un ideal traicionado.

El filme enfureció a Echeverría, que mediante su embajador en Buenos Aires exigió y consiguió que se prohibiera el documental. La obra de Raymundo Gleyzer sólo duró un día en cartelera. Enlatado desde entonces, este miércoles 13 de febrero ­36 años después­ sale de la congeladora para llegar a las salas comerciales que albergan la Gira de Documentales 2007 Ambulante.

Gleyzer, cineasta militante, reconocido por las nuevas generaciones de realizadores como "el padre del cine piquetero", fue en su fructífera etapa frente a las cámaras, el impulsor del documental entendido como "un arma para la revolución socialista". Hoy, la gente de cine en Argentina celebra en su honor el Día del Documentalista el 27 de mayo, fecha de su secuestro.

Persona non grata

En México, en su momento, Echeverría lo declaró persona non grata.

Pero hoy, su viuda Juana Sapire, que laboró como asistente y sonidista en muchas de sus producciones, está en México promoviendo el documental prohibido. "Porque gente como Raymundo muere, pero no desaparece; él está aquí nuevamente, a la orden".

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/10...

"Cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda"

EXPRESIDENTES RICOS CON DINERO DEL PUEBLO

EXPRESIDENTES: VIDA DE RICOS CON DINERO PUBLICO

El encanto de ser expresidentes...

De los cinco expresidentes vivos, Vicente Fox es el más caro para el erario, seguido por Miguel de la Madrid, autor del decreto que les aseguró una vida regalada mediante millonarias pensiones. Carlos Salinas y Ernesto Zedillo no la cobran, pero sí gozan de seguros de gastos médicos mayores, empleados administrativos y escoltas militares. Como candidato a la Presidencia, Felipe Calderón prometió que no la aceptaría, pero aún no ratifica públicamente su compromiso.




Daniel Lizárraga*


El presidente Felipe Calderón ha preferido apretar el cinturón a la gente limitando el salario mínimo a un aumento de apenas 2 pesos con 58 centavos diarios; se ha arriesgado a incomodar a los industriales con el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), y recientemente ha sacrificado a la burocracia reduciéndole el gasto corriente. Todo, antes que tocar a las familias presidenciales, cuya manutención histórica llegará este año a 438 millones 841 mil 787 pesos (unos 33.7 millones de dólares), cifra sin parangón en el mundo.

En ninguna otra parte de América Latina los exmandatarios cuentan con oficinas ocupadas por servidores públicos a sus órdenes y sostenidas con el erario, del tamaño que hay en México, donde los cuatro expresidentes vivos disponen de 89 funcionarios que han costado a los contribuyentes 229 millones 132 mil 248 pesos durante los últimos 32 años, de acuerdo con una investigación de Proceso.

Estos montos no consideran la nómina de los 78 elementos del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea asignados a los exmandatarios. El Estado Mayor Presidencial ha clasificado estos datos como confidenciales y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) aún no se ha pronunciado sobre la pertinencia de divulgar esa información.

Solamente la Fuerza Aérea aporta 11 miembros: un jefe, dos oficiales y ocho elementos de tropa. No se sabe con cuál expresidente fueron asignados ni tampoco qué papel desempeñan.

Privilegiados

Hay tres maneras de pertenecer a la socialité mexicana: tener un apellido de abolengo que venga desde principios del siglo pasado, pertenecer a las familias de empresarios poderosos o estar bajo el cobijo de la nobleza política, compuesta por las familias de los expresidentes.

Mientras muchos empresarios –particularmente libaneses y judíos– han forjado sus fortunas mediante el trabajo de generaciones, las familias de los exmandatarios han alzado el vuelo gracias al erario. Por ejemplo, la manutención del expresidente Luis Echeverría Álvarez durante 32 años ha significado 133 millones 605 mil 541 pesos distribuidos entre sueldos (81 millones 228 mil pesos), aguinaldos (1 millón 443 mil pesos) y nómina de 23 empleados (50 millones 933 mil pesos).

Hasta antes de su muerte en febrero de 2004, José López Portillo obtuvo del erario por lo menos 52 millones 609 mil 494 pesos entre salarios y aguinaldos, además de un seguro de vida que pudo cobrar su familia estimado en 8 millones 204 mil pesos.

El fallecimiento del expresidente no significó que desapareciera el apoyo a su familia. Su segunda esposa, Alejandra Acimovic Popovic (conocida como Sasha Montenegro, una estrella del cine de ficheras en la década de los ochenta), percibe una pensión de 102 mil 561 pesos y un aguinaldo de 21 mil 875 pesos, además de los seguros de vida y de gastos médicos mayores. En seis años –y hasta el cierre de 2010–, ella habrá recibido 8 millones 553 mil pesos de pensión, de acuerdo con cifras proporcionadas a Proceso por la Presidencia, a través de la Ley Federal de Transparencia.

La fortuna tampoco abandona a los descendientes de exmandatarios, y menos si emparentan entre sí. En la primera semana de marzo pasado, el suplemento Club del diario Reforma dio amplia cobertura a la boda entre Lorena Tovar y López Portillo, nieta del expresidente José López Portillo, con Gerardo Díaz Ordaz, nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.

Sobre el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, por cierto, no hay información confiable en los registros de Los Pinos, porque hasta antes de 1973 las pensiones no estaban reglamentadas. Lo que percibieron antes de esa fecha fue discrecional.

En el otro extremo de la escala social, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 43.9 millones de personas que no tuvieron empleo hasta diciembre de 2009, cerca de 5.9 millones, es decir, 13.36% perciben ingresos de un salario o menos de un salario mínimo.

El actual presidente, el panista Felipe Calderón, aún no anuncia si aceptará o no la jubilación presidencial. Proceso solicitó al coordinador de Comunicación Social de Los Pinos, Max Cortázar, una precisión sobre este tema, recordando que, durante su campaña electoral, Calderón dijo que renunciaría a ese derecho. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

De aceptarla, a partir de diciembre de 2012 Calderón tendrá una pensión mensual de 215 mil pesos brutos, un aguinaldo de 43 mil 500 pesos, un seguro de vida por más de 8 millones de pesos y un seguro de gastos médicos mayores con un tope máximo de 390 mil 609 pesos.

Su antecesor, Vicente Fox Quesada, el primer presidente surgido de la oposición panista, sí recibe la jubilación, herencia del viejo régimen priista, al cual juró sacar a patadas de Los Pinos.

Seis años más tarde, Vicente Fox no sólo gana lo mismo que los expresidentes priistas, sino que además tiene a su servicio 19 empleados, más que el equipo que disfrutan los expresidentes Carlos Salinas (13) y Ernesto Zedillo (11), quienes por cierto rechazaron la pensión.

De hecho, Vicente Fox tiene una nómina que cuesta 447 mil 207 pesos mensuales. Uno sólo de sus empleados, Jorge Humberto Loyola, tiene un sueldo de 119 mil pesos brutos. No existe otro salario similar en las oficinas de apoyo a los expresidentes. A cinco años de haber dejado el poder, los funcionarios que trabajan para el guanajuatense han costado 21 millones 465 mil 936 pesos.

Miguel de la Madrid tiene a su servicio a 23 personas. El costo de esa nómina es de 389 mil 176 pesos mensuales.

En contraste, en Ecuador, los exmandatarios devengan una pensión equivalente a 41 mil 600 pesos, sin ningún otro apoyo administrativo, prestaciones ni de guardia personal extra. En Francia, las pensiones presidenciales incluyen el sueldo de una secretaria. En Argentina, el expresidente Néstor Kirchner cobra lo equivalente a 91 mil pesos mensuales.

En Brasil, los expresidentes no tienen derecho a una pensión y su única prestación es una oficina con ocho empleados (cuyos salarios no pueden superar los 61 mil pesos mensuales) y dos automóviles. En Panamá están prohibidas las pensiones presidenciales.

Más cercanos al caso mexicano, en Colombia, los exmandatarios reciben una pensión de 136 mil 500 pesos (10 mil 500 dólares), una edecán y un escolta. En Chile, los expresidentes reciben una pensión de alrededor de 130 mil pesos netos (apenas 12 mil pesos menos que aquí), más gastos para oficina en general por 12 mil dólares, es decir, unos 156 mil pesos. En esta jubilación van incluida lo que puedan gastar en transportes.

Los privilegios para los expresidentes mexicanos son obra de Miguel de la Madrid, quien emitió un decreto que establece: Los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos disfrutarán, mientras vivan, de una pensión equivalente al sueldo total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado. Dicha pensión se otorgará con cargo al erario federal y se incrementará en la misma temporalidad y proporción.

Vida regalada

Felipe Calderón tendrá 49 años de edad cuando entregue la banda presidencial a su sucesor. Según el Consejo Nacional de Población, el promedio de vida de los mexicanos llega a 73 años. Si Calderón cumpliera esta expectativa, estará pensionado durante casi 24 años, lo que representaría más de 64 millones de pesos, tomando en cuenta sólo salario y aguinaldo actuales, sin considerar aumentos.

En contraste, a finales del año pasado, la administración de Felipe Calderón decretó un aumento de 4.85% al salario mínimo, que pasaron de mil 644 pesos a mil 723 pesos mensuales en la zona geográfica A; de mil 597 pesos a mil 675 en la zona B, y de mil 558 pesos a mil 634 en la zona C. Ni hablar de las pensiones que paga la seguridad social a los trabajadores con esos niveles salariales.

Los presidentes en funciones tienen otra prestación: pueden ahorrar una cantidad significativa gracias al seguro colectivo: el funcionario aporta de 2% a 10% de su salario, mientras que el gobierno aporta la misma cantidad.

Es decir, si el actual mandatario ahorrara 10% de sus salario neto obtendría 29 mil 200 pesos mensuales, mismos que al final de sexenio le representarían unos 2 millones 102 mil pesos. Esta cifra es sólo una estimación, ya que no existe manera de saber con precisión qué cantidad ahorra.
Calderón gozará también de un fondo de retiro individualizado que, para la mayoría de los funcionarios públicos, representa un fondo de resistencia cuando son despedidos. En el caso de los expresidentes, esta bolsa es ganancia pura, pues tienen garantizada una pensión de por vida.

Igual que el resto de los expresidentes, Calderón y su familia quedarán protegidos por un seguro de vida equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual. Esto significa 8 millones 204 mil 880 pesos. Además, cuentan con un seguro médico de gastos mayores por 390 mil 609 pesos.

En el decreto vigente aprobado por Miguel de la Madrid se estableció que las viudas de los expresidentes tendrán derecho a una pensión de 80% del sueldo total bruto de la jubilación de su marido fallecido, durante el primer año. Luego se va reduciendo hasta quedar en 50% después del cuarto año. La esposa y los hijos de los expresidentes están incluidos también en el seguro de vida –éstos hasta cumplir la mayoría de edad– y en el seguro de gastos médicos mayores por un monto equivalente a 60% del que tenía el expresidente.

Dos de los expresidentes emanados del PRI, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, renunciaron a la jugosa jubilación, pero no a los seguros ni al personal de apoyo.

En los estados financieros de Los Pinos consta que a favor de la familia Zedillo se paga mensualmente un seguro de gastos médicos mayores por 6 mil 35 pesos mensuales, cifra que, a lo largo de 10 años, representa 724 mil 680 pesos, además de la nómina de personal administrativo que este año habrá ascendido a 1 millón 224 mil pesos.

Lo mismo ha sucedido con Carlos Salinas, por quien se devengan 805 mil 680 pesos para seguro de gastos médicos mayores. A lo largo de 15 años –de diciembre de 1994 a diciembre de 2010– los recursos públicos canalizados a la familia Salinas alcanzarán los 805 mil 680 pesos, sin contar los 57 millones 435 mil 480 pesos que ha costado la manutención de su oficina con 13 empleados.

* Con datos de los corresponsales internacionales de Proceso y de la Red de Periodistas de Investigación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

SME Y LOS PERVERSOS

CALDERON COMO ECHEVERRIA,
CONTRA EL SINDICALISMO

Los entes mas perversos y mezquinos del mundo......de que rien?

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Una grave frustración de la transición democrática mexicana ha sido el gatopardismo, el que las cosas cambian sin cambiar, y en que los gobernantes surgidos de la alternancia se diferencian de los anteriores en que son exactamente iguales. Tal engaño queda patente una vez más con motivo del ataque del presidente Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas, análogo y en cierto modo prolongación del que emprendió Echeverría contra la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas. El 11 de octubre de 2009 es equivalente, como acto autoritario violento, al 15 de julio de 1976. En cada una de esas fechas se buscó suprimir, eliminar de la escena pública a agrupaciones gremiales combativas que existían por la voluntad de sus miembros y no dependían por lo tanto de la voluble voluntad gubernamental.La historia del golpe de Echeverría a los electricistas es la historia reciente del sindicalismo en ese ramo (y llegó a su culminación, por cierto, una semana después de la agresión contra el Excélsior de Julio Scherer; he sostenido, por otro lado, que la expulsión del célebre periodista del diario desde el que estaba transformando a la prensa mexicana, fue parte de una estrategia para silenciar atropellos como el que estaba en curso contra los electricistas democráticos).A partir de que el Estado mexicano se convirtió en propietario de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, se modificó no sólo la estructura empresarial de ese ramo sino, por consecuencia, también su organización laboral. Hasta aquella fecha, existían tres agrupaciones de trabajadores de la electricidad: el sindicato nacional, que contrataba con la CFE y estaba organizado a la manera tradicional cetemista, en torno a un hombre fuerte, Francisco Pérez Ríos, cercano a Fidel Velázquez; una federación de 52 pequeñas agrupaciones sindicales, dirigida por Rafael Galván y que en ese mismo 1960 se transformó en Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM); y el Mexicano, que durante décadas había sido la contraparte laboral de la Mexican Light and Power.A mediados de esa década, y por razones técnicas y políticas, se inició un movimiento unificador de las empresas y los sindicatos. Por un lado, se hizo necesario integrar la industria, conectar sus heterogéneas porciones. Por otra parte, se pretendió fundir en un solo gremio, bajo la égida del sindicato cetemista, a las agrupaciones del ramo. Cuando la Impulsora Eléctrica Mexicana, surgida de la compra de las pequeñas empresas con las que contrataba Galván, quedó fusionada con la CFE, el sindicato nacional quiso dar una tarascada al STERM, y peleó y ganó la titularidad del contrato colectivo. Para que la derrota no fuera tan abrumadora, y en lo que a poco se reveló como una trampa, Echeverría propició la fusión de los dos sindicatos y así nació, el 20 de noviembre de 1972, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), bajo la conducción de Pérez Ríos. La denominación del gremio naciente anunciaba la pretensión de incorporar a sus filas a los miembros del SME, pues mientras éste existiera haría vano el propósito de llamar único al SUTERM.Fue imposible la convivencia entre las dos formas de sindicalismo. Se generó una Tendencia Democrática dentro del SUTERM, que paulatinamente fue perdiendo presencia y fuerza, aun en los sitios donde había regido el antiguo STERM. En ese tiempo murió Pérez Ríos, única forma de que abandonara su posición de secretario general, que había ocupado durante décadas. Lo reemplazó automáticamente, sin elección porque ese modo no formaba parte de sus usos y costumbres, el secretario del Trabajo del comité, Leonardo Rodríguez Alcaine. Treinta años después, a la muerte de este líder, transitó por la misma ruta su secretario del Trabajo y pariente, Víctor Fuentes del Villar, que llega ya a los cuatro años de su indiscutido liderazgo.En más de medio siglo, sólo tres dirigentes, con los que el gobierno pueda entenderse. Por eso convino al gobierno desbaratar el enclave democrático en el SUTERM y sentar las bases para la supresión del SME. La Tendencia Democrática inició una huelga en reclamo de prestaciones y respeto a su representatividad, y la noche del 15 de julio de 1976 una embestida militar, junto con miles de esquiroles, rompieron el paro obrero y echaron a la calle a los antiguos galvanistas, en operaciones de las que parecen calcadas las de ahora.Previamente, el gobierno de Echeverría había puesto en liquidación a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, con la que contrataba el SME. El proceso se echó a andar de manera tortuosa, lenta, y a él se resistió el sindicato, que veía como desenlace la inclusión de sus miembros en el agrupamiento dirigido por Rodríguez Alcaine. Por esa capacidad de no rendirse la liquidación no prosperó, se quedó en mera denominación, pues la empresa siguió operando normalmente. El gobierno de Miguel de la Madrid pretendió reavivar el procedimiento liquidador pero se topó de nuevo con la fortaleza sindical, que en 1987 realizó una huelga, breve pero suficiente para probar su potencia. A ella apeló Carlos Salinas cuando, en busca de votos verdaderos, demandó los del SME, y se comprometió a poner fin al estado legalmente precario en que operaba la empresa. Por eso creó, ya al cabo de su mandato, el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que ahora está en jaque.Fox llegó al gobierno con la intención de eliminar esa empresa y diezmar a su sindicato. Para eso estableció un régimen absurdo, en que LyF compra cara, a CFE, la energía que debe vender barata. Esa extravagancia financiera obliga a subsidiar el funcionamiento de la empresa que surte de fluido eléctrico a la porción central del país, la más productiva en el conjunto nacional. A remediar ese déficit se destinan sumas como los 42 mil millones de pesos que este año debió aportar el gobierno a una empresa que deliberadamente ha sido deteriorada, crítica situación que se atribuye al abuso de sus trabajadores y su organización gremial. Ciertamente, el contrato colectivo suscrito por el SME es ventajoso para sus trabajadores en muchos sentidos, pero en general contiene cláusulas que deberían regir en muchas otras empresas públicas y privadas, cuya mano de obra es maltratada y frente a cuyas magras prestaciones las de los electricistas parecen de lujo.Pero no lo son menos las del SUTERM, aunque cuando es necesario hacerlas disminuir la acción se realiza sin que nadie proteste porque el sindicato carece de activa vida interna y se controla de arriba abajo. Por eso el año pasado aumentó en cinco años el término para las jubilaciones, algo que en el sindicato del Seguro Social significó una afrenta a la que se opusieron los damnificados. Se mantienen, sin embargo, gajes como los que, practicados en el SME, irritan a sectores sensibilizados por la propaganda: la cláusula 67 del contrato entre el SUTERM y la CFE exonera de pago a sus trabajadores. Siendo que el consumo doméstico promedio es de 285 kilovatios, es gratuito para ellos el suministro de 350, y el excedente se cobra a sólo un centavo por kilovatio.El lance actual contra el SME dista de haber concluido. Ni siquiera ha entrado en su fase final. Mientras no lo declare la autoridad laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, subsisten las relaciones de trabajo entre el sindicato y la empresa en liquidación. Y aun si se decretara su terminación, apenas se encargue formalmente de la operación la CFE, tendrá que responder a las obligaciones laborales como patrón sustituto.

Digo, si de respetar la ley se trata.

Calderón, según Castillo Peraza, "mezquino, desleal..."

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, DF, 19 de octubre (apro).- Luego de casi tres años de ejercicio del poder, cuya legitimidad no ganará ni con el manotazo policiaco-militar que echó a la calle a 43 mil trabajadores electricistas --y que sólo ratifica que la promesa de crear empleos fue siempre un mal chiste--, Felipe Calderón es congruente con lo que de él decía su maestro Carlos Castillo Peraza: "Inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y a personas". Tan categórica --y precisa-- definición hizo Castillo Peraza luego de que padeció desdenes y maltratos de Calderón que derivaron en la ruptura de una relación cuya entraña describe el periodista Julio Scherer García en Secuestrados, su más reciente libro. Scherer García describe episodios clave en la relación entre ambos, que llegaron a la cumbre en el Partido Acción Nacional (PAN), que comenzó a romperse con la derrota de Castillo Peraza, en 1997, cuando buscó la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF). Escribe Scherer García: "Vencido, conoció la antesala, calentando una silla y perdiéndose en la lectura de periódicos y de revistas para apartarse de los desaires que lo acosaban. Calderón Hinojosa se mostró distante, frío como un grillete que corta. Castillo Peraza optó por su renuncia al partido. No hubo en ella melindres ni reclamos."A la muerte de su antecesor en el PAN, el 9 de septiembre de 2000, Calderón buscó, vía telefónica, a Scherer García. Quería saber qué pensaba Castillo Peraza de él."Respondí con la verdad. Por un tiempo la reconciliación sería imposible. Castillo Peraza le había perdido estima por el trato que había recibido de quien fue su secretario general en el edificio azul y por el abandono de los principios de Acción Nacional que había jurado cumplir. Me dijo, don Felipe, que acaso en un distante futuro podrían reiniciar una amistad que a ambos les hiciera bien." Ahora el semanario Proceso publica, en el número que está en circulación, dos cartas de Castillo Peraza a Calderón, hasta ahora desconocidas, que describen la personalidad de quien, formalmente, gobierna el país desde el 1 de diciembre de 2006. En efecto, además de lo que dijo a Scherer García, y que de suyo es preocupante, Castillo Peraza describe en una de las cartas el talante prepotente, colérico y receloso de Calderón, pero también algo que debería ser motivo de deliberación por ser de inobjetable interés público y que explica su estilo personal de ejercer el poder: El consumo inmoderado de alcohol. En la carta escrita el 31 de octubre de 1997, quizá la última antes de su renuncia cinco meses después --el 28 de abril de 1998--, Castillo Peraza describe el "sentimiento de frustración, de hastío y de hartazgo" que había entre colaboradores de Calderón, el "dolor" por el reclamo por no haber usado el cargo de secretario de relaciones internacionales "en mi beneficio personal" y su preocupación por el consumo de alcohol. De hecho, la carta de Castillo Peraza obedeció a que Calderón canceló, sin avisarle, una reunión que tendrían la noche del 30 de octubre, justo el día en que éste se encontró con el perredista Andrés Manuel López Obrador --que negociaban entonces una acción conjunta ante el PRI--, tras lo cual se marchó a una comida privada."Ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita de anoche, sin siquiera haber avisado, y que me dolió y preocupó haberme enterado por boca de subalternos menores que el presidente del partido salió de la oficina 'muy bien servido'."Castillo Peraza se refiere con este eufemismo a la borrachera de Calderón y usa otro para aludir a otras francachelas, como se enteró en una reunión privada en Cocoyoc, Morelos, donde le llamó la atención --le dice a Calderón en la carta-- "un tema reiterado de conversación: El de las aventuras más que frecuentes --etílicas y demás-- de algunos de tus colaboradores".Y apunta: "Entendí o creí entender entonces por qué la vida comienza después de las diez de la mañana en el CEN, e incluso a esa hora los escritorios están poblados de tasas de café, vasos de refresco y comestibles; por qué es difícil encontrar a alguien entre las tres y las seis (a veces hasta las siete) y por qué en días como el de ayer, a las ocho de la noche, ya no hay virtualmente a quién dirigirse en las oficinas de Ángel Urraza (la vieja sede del PAN)."A partir de su charla con colaboradores del CEN, Castillo hace un retrato de Calderón:Las quejas generalizadas son que, al parecer, nadie puede darte gusto, que das órdenes y las cambias, que pides trabajos intempestivamente --lo que frena las tareas en curso--, que invades las competencias de todos y cada uno de ellos, que los maltratas verbalmente en público y que mudas constantemente de opinión, tardas en tomar decisiones, das marcha atrás, no escuchas puntos de vista de tus colaboradores y haces más caso a "asesores de fuera" que a los miembros del equipo que quisiste fuese el tuyo. Se refirieron a contrataciones hechas por ti sin siquiera avisar al responsable del área afectada, y de "saltos" de autoridad de tu parte y de parte de Cocoa (su hermana Luis María Calderón), que producen desorden, inseguridad y disgustos en tu estructura "staff". Salvo Toño Lozano, todos los ahí presentes expresaron sobre él poco más o menos sentimientos análogos y, lo que es peor, algunos manifestaron que ya esta situación se les volvía personalmente "insoportable" y opinaron que era perjudicial para el CEN y dañina para el partido.Llamó mi atención que nadie pudiera dar opinión decidida y clara, y que todos manifestaran en su turno de dar a conocer sus planes y proyectos "a ver qué dice Felipe", con inseguridad y con un sentimiento de que tú no confías en ellos. Esto ha trascendido y se comenta en círculos externos, tanto políticos como sociales.Y sí, quienes lo conocen o lo están conociendo, saben que Calderón procede de tan arbitraria manera.

Apuntes

Los diputados del PAN oyeron --este lunes 19-- la instrucción de su jefe máximo y, muy obedientes, la acatarán al votar a favor del aumento a los impuestos vigentes y la creación de los nuevos. Defendieron hasta la ignominia la creación de 2% a todo, un IVA disfrazado, cuya recaudación supuestamente sería destinada a los pobres. Y ahora defenderán sin argumentos, sólo en acatamiento a la línea de Calderón, el aumento a 16% al IVA. Es la borregada azul que pastorean César Nava y Josefina Vázquez Mota. ¿En qué es diferente Calderón a Ulises Ruiz, gobernador impune de Oaxaca, donde la desdibujada izquierda electoral se quiere aliar con la derecha…?

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

GOLPE ALSME
RUMBO AL ESTALLIDO SOCIAL

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el golpe al sindicato más aguerrido de México aglutina a las corrientes más disímbolas del centro y la izquierda del país. Lo que se percibe como el inicio del desmantelamiento de la industria energética nacional ya permitió el reencuentro del SME con la CNTE, sectores de La Otra Campaña, la UNT, el Frente Sindical Mexicano, el lopezobradorismo y hasta organizaciones del viejo corporativismo priista. Además, reactivó el movimiento estudiantil en la UNAM, las normales rurales, la UAM y el Politécnico. “Todo eso se esperaba”, declaró el secretario del Trabajo Javier Lozano ante un escenario de 80 millones de pobres –20 de ellos en pobreza alimentaria–, 1 millón de nuevos despedidos y la peor debacle del PIB de la que se tenga memoria. Un estallido social está a punto de ocurrir, advierten investigadores.
Érika Ramírez

Pudieron más los compromisos de Felipe Calderón con quienes lo llevaron a la Presidencia de la República que el riesgo de generar un estallido social, señala Carlos Antonio Aguirre Rojas al explicar las causas de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
“Es una medida desesperada” para acatar los acuerdos a los que llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México y los sindicatos patronales desde la campaña electoral de 2006.
El posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París explica que la medida contra la empresa paraestatal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no viene sola. Otras más llegarán en cascada: un paquete económico que incremente los impuestos, una reforma laboral que elimine el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector energético.
Sin embargo, el cálculo político pudo haber fallado al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El movimiento sindical que se ha aglutinado entorno al SME podría capitalizar el desastre económico y social en el que se encuentra el país.
Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales en América Latina, explica que con el decreto del 11 de octubre pasado –con el que el gobierno federal liquida LFC– y el asalto de la Policía Federal a las 104 instalaciones de la paraestatal, la administración de Felipe Calderón comienza a pagar las facturas a los grupos económicos que lo llevaron a la Presidencia “y que luego han buscado legitimarlo, aunque sea por la fuerza”.
Junto a la firma del presidente aparecieron las de 10 secretarios de Estado. Con ellas, el “presidente del empleo” cancela más de 40 mil fuentes de trabajo de LFC y 95 años de vida del SME.
En menos de 12 horas, miles de electricistas perdieron sus salarios, su derecho a la atención médica, a la vivienda y demás prestaciones laborales conquistadas por el SME, liderado por Martín Esparza Flores. Así ocurrió con Jorge Méndez, un joven de 34 años que apenas había logrado una antigüedad de tres años en la empresa regulada por la Secretaría de Energía.
De Jorge dependen siete personas, que sobreviven con los 152 pesos que obtiene diariamente: cuatro hijos, su esposa ?que le apoya con la venta de zapatos? y sus dos padres diabéticos. Él, al igual que su familia, dice estar dispuesto a todo, a cambio de recobrar su trabajo: “Ya no tenemos más qué perder”.
Como él, otras 44 mil personas recibieron azoradas la noticia de que más de 500 policías federales habían tomado sus puestos de trabajo el 10 de octubre pasado antes de la media noche.
Dos horas más tarde, la madrugada del domingo 11, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apoyaban la decisión presidencial de “extinguir” LFC.
Estallido social
Alejandro Vega, miembro directivo del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coincide con el académico de la UNAM, y agrega que el gobierno “está jugando con fuego”, porque pocas organizaciones tienen una presencia social y una penetración como el SME (que agremia a 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados), y que ha sido opositor del modelo económico que prevalece en el país.
Con la liquidación de LFC, los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales. Sin embargo, si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte el investigador del CILAS.
Aguirre Rojas alude al descontento generado por el “fraude electoral” de 2006, en el que Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de la República a menos de un punto porcentual de diferencia de su opositor Andrés Manuel López Obrador. “En este caso también hubo un agravio a la ciudadanía, no sólo al sindicato”.
Extinción “perversa” e “ilegal”
Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, opina que el decreto presidencial es “perverso”, pues las autoridades no debieron utilizar la palabra extinción, como se hiciera en el artículo 1, que dice: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”, ya que se puede extinguir un fideicomiso, pero no una persona moral o una empresa”.
El gobierno federal, explica, debió estipular la liquidación desde el principio del decreto. Sin embargo, “no lo hicieron porque con ello se verían obligados a seguir con el procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo, que indica que se debe dar derecho de audiencia al sindicato, y éste, a la vez, alegar la certeza legal”.
Bouzas Ortiz refiere el capítulo VIII “Terminación colectiva de las relaciones de trabajo”, que indica que si se trata de “la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación”, “el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica”.
Reforma laboral proempresarial
Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores–, Bouzas alerta que la liquidación de los trabajadores es prácticamente la liquidación del derecho colectivo en México. Con esto, “el gobierno nos dice que quiere una economía en la que no haya ni sindicatos ni contratos colectivos de trabajo”.
Agrega que “esto debe alarmar incluso a los sindicatos corporativos, porque la amenaza va para todos; cuando no le sea útil Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) será pateado de la misma manera”, dice el doctor en derecho laboral por la UNAM.
Néstor de Buen Lozano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el SME todavía tiene el derecho de tramitar un amparo, pues la decisión del presidente de liquidar LFC “es un decreto totalmente infundado que se puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA)”.
De Buen Lozano, especialista en derecho social, observa que para que se haya terminado una relación de trabajo, entre la compañía y el sindicato debió manifestarse un conflicto ante la JCA: “Se tiene que dar vista a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, por lo tanto esta medida es un acto de fuerza que no tiene fundamentos”.
Privatización del sector energético
Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en políticas públicas sobre revolución tecnológica y especialista en estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, advierte que el gobierno “busca un enfrentamiento con los sindicatos que no son afines a su concepción política, del desarrollo nacional, y abre nuevos espacios a la privatización de funciones, tareas y responsabilidades que corresponden al Estado mexicano”.
Además, indica que hay una alta probabilidad de que se privatice el sector energético. Refiere que el artículo 27 de la Constitución faculta únicamente a la nación para la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público.