Mario Govea Sansón
Introducción
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| Ing. Mario Govea Sansón* |
El presente es un análisis del sector eléctrico mexicano en los años recientes (2000 a 2012), a partir de sus características estructurales más importantes y, sobre todo, destacando
el origen de la inversión y las modalidades productivas bajo las que
se incorpora en la actividad de generación de electricidad. Si bien
es clara la transición hacia un modelo de mercado, el proceso no ha
ido en línea directa en la medida en que choca con el Proyecto Nacional
plasmado en la Constitución.
Existe la
convicción de parte del gobierno federal, de los congresistas, de muchas
instituciones industriales, académicas y asociaciones civiles, de que
nuestro Estado-nación requiere una transformación estructural para poder tener un desarrollo con justicia social, es decir, un desarrollo sustentable y equitativo.
Para el gobierno federal el objetivo se alcanzará con su llamada “reforma estructural”, pero dicha reforma se refiere sólo a tres ámbitos:
• Energético (Pemex y CFE)
• Laboral y (Secretaría del Trabajo)
• Fiscal (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin Banco de México)
La reforma propuesta por el gobierno federal no es de ninguna manera una transformación estructural que nos lleve a un desarrollo con justicia social y, por tanto, sustentable y equitativo.
En el caso de las reformas energética y laboral existen propuestas del
gobierno federal inconexas entre sí, que no conllevan a un desarrollo
con justicia social. La primera busca la desintegración total del
sistema energético nacional y la segunda la desarticulación de los
derechos laborales.
.
En asuntos
referentes a la energía tendrá que esclarecerse no solamente el derecho
soberano del Estado sobre estos recursos sino también su manejo y
administración. Se requiere de un programa nacional de energía y
el Estado tendrá que reafirmar además su soberanía sobre el manejo de
los recursos financieros, así como intervenir en las regulaciones del
libre mercado para que éste esté al servicio de la sociedad y no la
sociedad al servicio del mercado. El Estado tiene que ser rector de la economía, tiene que construir una política económica acompañada de una política social.
Lo anterior significa no una transformación estructural del Estado mexicano, sino adecuar
leyes secundarias a los tiempos presentes, así como modificar algunas
dependencias del gobierno federal y cambios de fondo a la política
económica restrictiva –liberal– para convertirla en una política económica expansiva. Es
decir: el desarrollo industrial, la construcción de infraestructura y,
con ello, la generación de empleos que demandan bienes y servicios. El
objetivo de este proceso es incrementar los impuestos –derivados del
trabajo– y, en consecuencia, programar de forma continua y creciente la
expansión del PIB.
Sacar al país del rezago que vivimos desde 1982.
El sexenio
del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) será el de menor
crecimiento económico en el país y América desde hace 24 años,
cuando gobernó Miguel de la Madrid (1982-1988), indican estadísticas
recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
De acuerdo con las cifras del organismo regional con sede en Santiago de Chile, el crecimiento de México
en los primeros cinco años de gobierno de Calderón acumuló tan solo 7.8
puntos porcentuales y en 2012 sumará otros 4.0 puntos, lo que arrojará
un promedio de 1.96% por año.
Este resultado sería el más bajo crecimiento registrado por la economía mexicana desde la gestión de Miguel de la Madrid.
Los sexenios de
Calderón y de De la Madrid son los de más bajo crecimiento económico en
México desde que se iniciaron los periodos de gobierno de seis años, con
el presidente Lázaro Cárdenas, en 1934, según indicaron las cifras del
“Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe-Junio de 2012” de
la Cepal, presentado el pasado jueves 14 de junio en Santiago de Chile
Si bien la
industria eléctrica mexicana deja ver la importancia alcanzada por los
corporativos trasnacionales con la participación de los Productores
Independientes en la generación de electricidad, otros espacios están
en demanda, como son las actividades de comercialización de la
electricidad, la apropiación de la red de fibra óptica y la mayor
participación de los renovables a partir de la generación eólica y la
cogeneración como el ropaje que va a cobijar los nuevos proyectos de los grupos extranjeros.
Especial énfasis de colocó en la irracionalidad productiva que significa sacrificar
la capacidad instalada de la CFE, parar plantas para dar salida a la
energía de las fuentes privadas y el alto costo al que la electricidad
debe ser adquirida bajo un modelo de comprador único.
Las fuerzas que conducen al sector eléctrico hacia la privatización, no son recientes. En México este proceso traza sus rasgos más claros desde 1982
a través de las políticas del Banco Mundial. Si bien la privatización
del sector eléctrico desde entonces ha sido un proceso permanente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sin duda incorpora en su anexo las modalidades de inversión que hoy son las dominantes en la generación de electricidad
(autogeneración, cogeneración, Pequeña Producción, Productores
Independientes, importación y exportación) bajo el supuesto de
introducir la competencia en donde prevalecían características
monopólicas.
En el 2006 el
Instituto Mexicano para la Competitividad elabora una serie de
recomendaciones encaminadas a separar la generación de electricidad de
la transmisión y la distribución para la CFE; desregular más la participación privada en la transmisión y promover el desarrollo de las energías renovables.
En el 2008, como parte de la Reforma Energética
las propuestas de los empresarios se concretizan, en materia de
electricidad, en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética con lo cual
se crea la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y un
Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
En fechas recientes (2010)
las cúpulas empresariales, están demandando al presidente Felipe
Calderón modificar el reglamento a la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica (LSPEEA) bajo el argumento que no han sido
precisadas las facultades de la Secretaría de Energía (SENER) y de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE). Buscan también el ajuste de metodologías para la fijación de tarifas de electricidad.
Otra de las modalidades para alcanzar sus objetivos son las “estrategias
público/privadas” de mediano y largo plazo instrumentadas mediante la
creación de normas e instrumentos financieros y fiscales pertinentes.
No obstante, es claro que el eufemismo de asociaciones Público /Privadas tiene como verdadero
objetivo la privatización de los bienes públicos; el desmantelamiento
de lo que resta de los sectores estratégicos de la nación a fin de
convertirlos en jugosos negocios privados.
En México, esta política se aplica con la incorporación
del capital privado en la forma de la construcción de infraestructura
para el aprovechamiento de energías renovables, y la conformación de un
mercado para tecnologías limpia (secuestro de carbono, eficiencia energética, aerogeneradores, etc.)
En virtud de la importancia que han adquirido los capitales españoles en
diversos espacios del sector energético mexicano (ciclos combinados,
energía eólica, distribución de gas natural, entre los más importantes)
la tesis que se avanza es que esto no sólo es atribuible al
milagro español sino que es el resultado de que los empresarios y el gobierno de España, se han convertido en comparza de la oligarquía de Estados Unidos para la reconquista de México, lo que ha permitido a sus empresas financieras y de todo tipo, reportar ganancias superiores en 33 por ciento más de lo que obtienen en España. La oligarquía española ha jugado un importante papel para desmantelar sindicatos y desmembrar monopolios estatales
.
La expansión del mercado por la que trabajan, tiene como condición sine qua non el aniquilamiento gradual, pero efectivo, de las empresas estatales. De
lo anterior resulta claro que son las élites de los países de América
del Norte y las élites europeas y estadounidenses las que están
presionando para ocupar sectores estratégicos en México, entre ellos la
electricidad.
Pese a la claridad del mandato Constitucional bajo el Art. 27 que establece que la electricidad es un área estratégica, un bien público y no sólo una mercancía bajo la responsabilidad directa del Estado, las políticas implementadas por los últimos gobiernos, desde 1992, han sido contrarias a este mandato y, en cambio, se ha buscado los mecanismos para “darle la vuelta a la Constitución” simulando que se respeta.
Hacerse de nuevos espacios: objetivo de las empresas
La instauración del negocio de la electricidad
se ha basado en cálculos y estimaciones deliberadamente sobreestimadas
en relación a la demanda futura de electricidad en México (de 5%),
cuando en la realidad entre el 2000 y el 2008 las ventas de electricidad
sólo se incrementaron en 2.1%) con el fin de justificar la expansión
de la capacidad productiva que ha significado una inversión no requerida
de 5000 millones de dólares. Esto es un punto de partida de desbalances
que permean diferentes aspectos de la industria.
La expansión de la inversión es un hecho que ocurre, fundamentalmente, a través de la modalidad de Productor Independiente con los Ciclos combinados a base de gas natural; sin embargo hay también dos tendencias más recientes relacionadas con los espacios de interés para la iniciativa privada: 1) las energías renovables; sobre todo la eólica y, 2) la comercialización de la electricidad.
La extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC)
El 10 de octubre del 2009 se publicó el decreto de extinción de LFC con el propósito de avanzar en la privatización de los organismos públicos establecidos por la Constitución en materia de electricidad, proceso
al cual se venía oponiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas por
lo que era importante para el gobierno desaparecer dicho sindicato.
Es
claro que la merma en la capacidad operativa de esta compañía
generadora y distribuidora de electricidad no obedecía al tamaño del
gremio, a sus exorbitantes salarios, a su cantidad de jubilados, sino a décadas de abandono presupuestal deliberado, que ha sido la estrategia de desmantelamiento de las empresas del Estado. En la liquidación el presidente Felipe Calderón
apeló a la supuesta ineficiencia de la empresa, eludiendo las razones
de su situación financiera como es el hecho del sobreprecio al que
CFE vende la electricidad a LFC. Por tanto la situación financiera de LFC es de la total responsabilidad del gobierno federal y, en particular de la SHCP que fija las tarifas a las que LFC debe vender la electricidad, un precio muy inferior al que le vende CFE.
Uno de los propósitos para desaparecer LFC es
el lucro que promete la apropiación de la red de más de mil Km de fibra
óptica, por parte del consorcio formado por Iberdrola y los Ex
Secretarios de Energía del presidente Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens. La
infraestructura de LFC será incorporada a la CFE y se puso a
disposición del negocio de las telecomunicaciones, como también se hizo
con la red de fibra óptica. Otro de los objetivos es implantar en la zona que atendía LFC las tarifas de CFE que incorporan el costo de la generación de los PIE. Esto promete ser un gran negocio en vista de los 30 millones de usuarios en la zona metropolitana correspondiente
a lo que era el mercado de LFC. Más aún el mercado ilegal que se
desarrolla en todo el país a través de las “sociedades de
autoabastecimiento” ahora tendrá la oportunidad de extenderse a todo el
valle de México.
*Ing. Mario Govea Sansón
Jubilado
de LFC, por 13 años Asesor Técnico del SME 1993-2006,Coordinador de
Energía Eléctrica en el “Instituto de Estudios Energéticos de los
Trabajadores de América Latina y el Caribe” (Capítulo México) Asesor
técnico del “Frente Cívico Nacional en Contra de las Altas Tarifas
Eléctricas”
"Cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda"
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