PGR BAJO LA LUPA
Acusaciones de soborno y extorsión habrían desatado un operativo de espionaje al interior de la Procuraduría General de la República, revelan fuentes del gobierno federal. Por órdenes directas de Felipe Calderón, el secretario García Luna habría intervenido las comunicaciones de subprocuradores, fiscales, ministerios públicos y reconocidos despachos de abogados en busca de pruebas que acreditaran los supuestos hechos de corrupción. En el conflicto se vieron inmiscuidas dos secretarías de Estado, la PGR y la Presidencia.
Nancy Flores
A solicitud del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Seguridad Pública federal habría intervenido las comunicaciones de subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de reconocidos despachos de abogados, en busca de evidencias que confirmaran presuntos hechos de corrupción.
La orden presidencial para ejecutar una “labor de inteligencia” de alto nivel se habría dado a mediados de 2010 y se derivaría de un conflicto interinstitucional que involucraba a la PGR, entonces encabezada por Arturo Chávez Chávez, y a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas.
La pugna implicaba no sólo acusaciones mutuas de sobornos y extorsiones, sino expedientes de investigación abiertos en ambas dependencias en contra de servidores públicos de primer orden en activo, incluyendo al secretario de Estado.
Fuentes de la Función Pública confirman que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos los estados financieros de Vega Casillas y de su cónyuge, Gladis López Blanco (recientemente acusada en varios medios de comunicación de, supuestamente, haber participado en una extorsión a gasolineros).
Aunque dicen que el secretario no ha sido llamado a declarar por ningún caso, afirman que “todos los funcionarios del gabinete tienen expedientes abiertos en la PGR”.
Y no obstante que los informantes aseguran desconocer el conflicto que habrían protagonizado con la PGR, reconocen que la Secretaría de la Función Pública sí investiga los supuestos fraudes en los que estarían involucrados los subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría, blancos del espionaje orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública. También admiten que el Órgano Interno de Control mantiene los expedientes abiertos que implican a más de 60 funcionarios y exfuncionarios.
A su vez y desde 2009, la Procuraduría General investigaba al secretario Vega Casillas. Ello, derivado de una denuncia de empresarios gasolineros en contra de su esposa, extitular de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y de otros funcionarios supuestamente coludidos en una red de corrupción que los habrían extorsionado.
Y es que Gladis López Blanco se desempeñó como titular de esa Subprocuraduría de diciembre de 2006 a marzo de 2008, el mismo lapso en el que habrían sucedido los supuestos cobros ilegales de cuotas de hasta 50 mil pesos mensuales por cada estación de servicio.
Ese mismo caso fue denunciado ante la Función Pública, expediente DE/026/2008. La institución, sin embargo, determinó que no había elementos para fincar responsabilidades. Según las fuentes de la dependencia, en el caso de López Blanco no hubo conflicto de intereses: ella renunció a la Subprocuraduría de Verificación de la Profeco dos meses después de que Vega Casillas dejara el cargo de subsecretario para asumir la titularidad de la Secretaría de la Función Pública; mientras que este último se excusó de conocer la indagatoria en contra de su esposa que resolvieron sus subordinados. “De eso hay documentos firmados por el secretario que lo prueban. Él nunca pidió que se resolviera en ningún sentido”, afirman.
Intervención presidencial
El nivel de confrontación entre las dos dependencias llegó a tal punto que se necesitó la intervención del presidente para no poner en riesgo las principales estrategias de su administración, aseguran fuentes del gobierno federal consultadas por Contralínea que solicitan el anonimato por temor a represalias.
Por diferentes vías, Calderón Hinojosa habría recibido pruebas de las investigaciones que se llevaban tanto en la PGR como en la Función Pública por supuestas extorsiones, intentos de sobornos, fraudes contra el erario, entre otros actos de corrupción.
El uso de las instituciones para “atacarse” entre sí aunado a la falta de colaboración entre ambas dependencias para resolver problemas prioritarios del país fueron los detonantes de la participación del presidente, quien habría ordenado a García Luna la “labor de inteligencia” en la PGR. Al tiempo, habría solicitado a Chávez Chávez realizar una investigación interna.
En los meses siguientes, mientras Calderón Hinojosa afianzaba su relación con Vega Casillas, ahondaba sus diferencias con el entonces abogado de la nación.
La “labor de inteligencia”
El operativo coordinado por García Luna inició a mediados del año pasado, y aunque su primer objetivo fue el entonces titular de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, Samuel Hernández de Alba, pronto se extendió.
La intervención de las comunicaciones –hecha con la tecnología de la Plataforma México– habría alcanzado al entonces subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel; a Juan Carlos Rincón, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; al ahora exfiscal de Delitos Financieros, Julio Alejandro Oliva Saldaña, y a todos los subordinados de éstos.
Poco a poco, los servidores públicos fueron cayendo. Con la llegada de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, el pasado 28 de abril Germán Rangel presentó su “renuncia”.
No obstante, el cisma en la Procuraduría ya se había hecho visible a fines de 2010: el 16 de diciembre, Oliva Saldaña fue detenido y remitido al Reclusorio Norte del Distrito Federal “por falsificar documentos para obtener un crédito hipotecario del Fovissste [Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado]”. De acuerdo con las fuentes de la Función Pública, Oliva Saldaña obtuvo su libertad bajo fianza y actualmente es considerado prófugo de la justicia.
Juan Carlos Rincón y Hernández de Alba, actualmente sujetos a investigaciones ministeriales por presuntos hechos de corrupción, fueron cesados de sus cargos el 9 de marzo por “no acreditar los exámenes de confianza” que se aplican constantemente a los servidores públicos. Veintidós días después, Arturo Chávez Chávez presentaba su renuncia como procurador General, tras un largo periodo de alejamiento del presidente.
En marzo, la prensa nacional –destacadamente el diario La Jornada– empezaba a revelar algunas de las indagatorias que derivaron en esa crisis. De acuerdo con los reporteros Alfredo Méndez y Gustavo Castillo (24 de marzo de 2011), la visitaduría de la propia PGR investiga a los exfuncionarios “por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones”.
Aunque la información que trascendió a los medios se centró en unos supuestos fraudes y quebrantos patrimoniales contra la Sociedad Hipotecaria Federal –cometido por constructoras y sociedades financieras de objeto limitado– y contra el Fovissste, el fondo era el conflicto interinstitucional, que ya estaba mermando en las principales políticas de la administración federal, explican las fuentes del gobierno federal.
Espionaje contra abogados
De acuerdo con los informantes consultados por Contralínea, las conversaciones de los exfuncionarios de la PGR sí habrían acreditado actos de supuesta corrupción.
Con estas “pruebas”, el presidente Calderón habría ordenado la purga al interior de la Procuraduría General, que tendría su clímax con la salida de Chávez Chávez el pasado 31 de marzo. Las investigaciones abiertas podrían alcanzar al propio exprocurador.
Aunque el cisma en la PGR se ha tratado de encubrir con asuntos menores, el secretario García Luna y un reducido círculo cercano al presidente conservarían los testigos de las intervenciones de comunicaciones. En uno de ellos se evidenciaría, incluso, un intento de soborno a la esposa del secretario Vega Casillas, para frenar “la investigación [que] estaba muy caliente”.
Además, indican las fuentes consultadas, constarían conversaciones acerca de supuestos negocios extralegales entre los exfuncionarios Hernández de Alba y Juan Carlos Rincón y representantes de despachos de abogados. En la PGR, se investigan ya a algunos bufetes, entre ellos los de Francisco Riquelme, Alonso Aguilar Zinser, José Zapata y Felipe Gómez Mont, Carlos Requena y Rodolfo Pérez.
Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011
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Entre los acuerdos ya alcanzados por las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados, también destaca el de la “gradualidad”, es decir, en el establecimiento de tres tipos de seguridad a garantizar por el Estado mexicano: seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Entre más importante sea la amenaza, más instituciones y secretarías se involucrarán en su combate.