La Info alternativa: Privatizan Salud, Rematan PEMEX, Cisen solapo fuga Chapo y el chisme: los desmanes de la "pareja presidencial"

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Fecha: 19 de julio de  Via
BRUJULAMETROPOLITANA
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Sistema de salud: Entre el deterioro y la lucha por privatizarlo

El sector de salud pública en México es uno de los que registra uno de los niveles más bajos de inversión entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con expertos, las quejas por desabasto de medicamentos y escándalos por negligencias médicas en todo el país, responden a una crisis, no sólo económica, sino de corrupción sistemática y un manejo inadecuado de los recursos.

Para algunos es una estrategia premeditada del gobierno mexicano y está encaminada a privatizar la salud y adoptar el modelo anglosajón, en el que son los ciudadanos quienes a través de la compra de seguros médicos se hacen responsables de su salud.

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En el penal del ‘Chapo’, ni alarmas subterráneas ni soldados adentro 

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Todos los privilegios para “El Chapo”

 Agentes del Cisen y de inteligencia solaparon la fuga

Su trabajo, operar las cámaras de vigilancia y monitoreo

Tres detenidos están relacionados con Ramón Pequeño, ex mando policiaco

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Funcionarios del gobierno dieron vía libre

 Los presuntos cómplices, gente de García Luna

El Ejército no está contento con los errores que dejaron libre a “El Chapo”: analistas

El enojo dentro de algunos mandos del Ejército, añaden, se hace extensivo hacia el sistema de justicia civil que no sólo deja libres a criminales atrapados a través de operativos militares, sino que también enjuicia a sus elementos por violaciones a los derechos humanos.

Ignoró PGR pedido de extradición a EU

Normalmente, estas solicitudes son tramitadas con prontitud.

La PGR no ha solicitado a un juez federal la orden de detención provisional con fines de extradición contra Joaquín "El Chapo" Guzmán pese a que tiene más de 20 días con la petición de Estados Unidos.

Hallan cuerpos con huellas de tortura y el tiro de gracia

Son los mismos siete que elementos del Ejército levantaron en Calera, Zacatecas: familiares

 Audios implican a alcaldesa de Naucalpan en presunto desvío a favor de campaña priista

La presidenta municipal sustituta de Naucalpan, Claudia Oyoque, del PRI es acusada por el presunto desvío de recursos públicos a la campaña del priista David Sánchez Guevara, diputado federal electo y exalcalde, según los audios de tres llamadas telefónicas realizadas entre el 9 y 12 de junio de 2015.

La SRE condena a Trump, pero Cónsul ligado a TV Azteca y a Puebla lo invita a un festival

“Creo que deberíamos boicotear a México, honestamente. México nos está tratando muy, muy mal [...]. No puedo estar enfadado con ellos [los mexicanos]. Estoy enfadado con nuestro Gobierno por ser tan estúpido”.

Donald Trump, aspirante a la candidatura presidencial de EU

 

Y para el morbo los chismes de la pareja tele presidencial:

Al menos dos episodios públicos ponen los ojos a una posible tensión en la pareja presidencial

 Los videos existen y mueven a buscar el detalle. Frente a las cámaras, el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, se han propinado desplantes y rechazo. Primero en México, cuando recibieron a los reyes de España; luego en Francia, durante una gira de Estado. El romance –según han dicho ciudadanos en las redes sociales– está acabado. Ven un discurso corporal que indica más encono que amor.

El tema se ha vuelto tan abierto –decenas de miles de visitas a los videos en Youtube– que ha pasado de las redes sociales a los comentarios, primero tímidos y cada vez más abiertos, entre los observadores políticos. Son ellos, los especialistas en Política y administración pública, los que indican que estos desplantes hablan de un supuesto “acuerdo de conveniencia” concluido entre ambos. Porque además, si el cuento de hadas se escribió para atraerle credibilidad y popularidad al Gobierno, el relato ha generado más problemas que beneficios.

Dicen los estudios de lenguaje corporal que los abrazos se leen

¿Por qué asistimos a este declive? El productor de televisión, Armando Cuspinera, piensa que a la pareja le ha faltado un ingrediente indispensable: la buena actuación. “Si se trataba de relatar un romance debió cuidarse la interpretación. Tanto las miradas y sobre todo, el lenguaje corporal. En público, entre los cuerpos de ellos hay una tensión. En sus rostros también”.

Hoy, las redes sociales presentan el discurso de que la pareja de Los Pinos transmite algo diferente a esa emoción, algo más parecido al encono.

 

En marzo de 2012, se conoció el primer indicio de que algo podría andar mal. La actriz Laura Zapata publicó en su cuenta de Twitter que el entonces candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, había golpeado a su esposa, Angélica Rivera. Zapata sostuvo que las heridas de “La Gaviota” eran tan graves que tuvo que ser internada en el Hospital Los Ángeles. Los rumores en torno a ese misterio continuaron hasta el 31 de agosto, cuando la pareja acudió a recibir la constancia de Presidente electo de Enrique Peña Nieto a las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ella iba apoyada en una muleta.

Tras la toma del poder, el 1 de diciembre de 2012, la expectativa era que la pareja iniciara un periodo intenso. Al final, su historia de amor había sido una parte importante de la campaña. Jamás se separaron, a querer o no. Pero ella desapareció. 

"Cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda"

“El Equipo”, fuera del aire

“El Equipo”, fuera del aire

La Redacción
proceso

MÉXICO, D.F., 23 de mayo (apro).- La serie televisiva “El Equipo”, cuya esencia es ensalzar a la Policía Federal, saldrá del aire este viernes.

Televisa anunció el fin de la serie, con apenas tres semanas de transmisiones.

El periodista de Proceso, Jorge Carrasco, anticipó que altos mandos del Ejército mexicano estaban inconformes por la difusión de la serie que defendía el desempeño del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

“El programa, que gozó del horario estelar de la televisora, generó molestia y reclamos principalmente entre miembros de las Fuerzas Armadas, cuyos altos mandos tienen diferencias con García Luna desde el principio del gobierno de Felipe Calderón.

“Los militares nunca han confiado en él ‘por sus antecedentes’ en la Procuraduría General de la República, donde el expresidente Vicente Fox lo hizo director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Se lo dijeron desde un principio a Calderón”.

Desde su aparición, la serie provocó dudas en la clase política, al sospechar que era patrocinada con recursos públicos de la dependencia dirigida por García Luna.

Arturo Santana Alfaro, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana e integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, exigió que el programa saliera del aire y se castigara a García Luna, aunque previó: “Es difícil que se haga algo contra el supersecretario García Luna, que hace lo que quiere con toda impunidad”.

"Cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda"

PGR BAJO LA LUPA

PGR BAJO LA LUPA

Acusaciones de soborno y extorsión habrían desatado un operativo de espionaje al interior de la Procuraduría General de la República, revelan fuentes del gobierno federal. Por órdenes directas de Felipe Calderón, el secretario García Luna habría intervenido las comunicaciones de subprocuradores, fiscales, ministerios públicos y reconocidos despachos de abogados en busca de pruebas que acreditaran los supuestos hechos de corrupción. En el conflicto se vieron inmiscuidas dos secretarías de Estado, la PGR y la Presidencia.

Nancy Flores

A solicitud del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Seguridad Pública federal habría intervenido las comunicaciones de subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de reconocidos despachos de abogados, en busca de evidencias que confirmaran presuntos hechos de corrupción.

La orden presidencial para ejecutar una “labor de inteligencia” de alto nivel se habría dado a mediados de 2010 y se derivaría de un conflicto interinstitucional que involucraba a la PGR, entonces encabezada por Arturo Chávez Chávez, y a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas.

La pugna implicaba no sólo acusaciones mutuas de sobornos y extorsiones, sino expedientes de investigación abiertos en ambas dependencias en contra de servidores públicos de primer orden en activo, incluyendo al secretario de Estado.

Fuentes de la Función Pública confirman que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos los estados financieros de Vega Casillas y de su cónyuge, Gladis López Blanco (recientemente acusada en varios medios de comunicación de, supuestamente, haber participado en una extorsión a gasolineros).

Aunque dicen que el secretario no ha sido llamado a declarar por ningún caso, afirman que “todos los funcionarios del gabinete tienen expedientes abiertos en la PGR”.

Y no obstante que los informantes aseguran desconocer el conflicto que habrían protagonizado con la PGR, reconocen que la Secretaría de la Función Pública sí investiga los supuestos fraudes en los que estarían involucrados los subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría, blancos del espionaje orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública. También admiten que el Órgano Interno de Control mantiene los expedientes abiertos que implican a más de 60 funcionarios y exfuncionarios.

A su vez y desde 2009, la Procuraduría General investigaba al secretario Vega Casillas. Ello, derivado de una denuncia de empresarios gasolineros en contra de su esposa, extitular de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y de otros funcionarios supuestamente coludidos en una red de corrupción que los habrían extorsionado.

Y es que Gladis López Blanco se desempeñó como titular de esa Subprocuraduría de diciembre de 2006 a marzo de 2008, el mismo lapso en el que habrían sucedido los supuestos cobros ilegales de cuotas de hasta 50 mil pesos mensuales por cada estación de servicio.

Ese mismo caso fue denunciado ante la Función Pública, expediente DE/026/2008. La institución, sin embargo, determinó que no había elementos para fincar responsabilidades. Según las fuentes de la dependencia, en el caso de López Blanco no hubo conflicto de intereses: ella renunció a la Subprocuraduría de Verificación de la Profeco dos meses después de que Vega Casillas dejara el cargo de subsecretario para asumir la titularidad de la Secretaría de la Función Pública; mientras que este último se excusó de conocer la indagatoria en contra de su esposa que resolvieron sus subordinados. “De eso hay documentos firmados por el secretario que lo prueban. Él nunca pidió que se resolviera en ningún sentido”, afirman.

Intervención presidencial

El nivel de confrontación entre las dos dependencias llegó a tal punto que se necesitó la intervención del presidente para no poner en riesgo las principales estrategias de su administración, aseguran fuentes del gobierno federal consultadas por Contralínea que solicitan el anonimato por temor a represalias.

Por diferentes vías, Calderón Hinojosa habría recibido pruebas de las investigaciones que se llevaban tanto en la PGR como en la Función Pública por supuestas extorsiones, intentos de sobornos, fraudes contra el erario, entre otros actos de corrupción.

El uso de las instituciones para “atacarse” entre sí aunado a la falta de colaboración entre ambas dependencias para resolver problemas prioritarios del país fueron los detonantes de la participación del presidente, quien habría ordenado a García Luna la “labor de inteligencia” en la PGR. Al tiempo, habría solicitado a Chávez Chávez realizar una investigación interna.

En los meses siguientes, mientras Calderón Hinojosa afianzaba su relación con Vega Casillas, ahondaba sus diferencias con el entonces abogado de la nación.

La “labor de inteligencia”

El operativo coordinado por García Luna inició a mediados del año pasado, y aunque su primer objetivo fue el entonces titular de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, Samuel Hernández de Alba, pronto se extendió.

La intervención de las comunicaciones –hecha con la tecnología de la Plataforma México– habría alcanzado al entonces subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel; a Juan Carlos Rincón, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; al ahora exfiscal de Delitos Financieros, Julio Alejandro Oliva Saldaña, y a todos los subordinados de éstos.

Poco a poco, los servidores públicos fueron cayendo. Con la llegada de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, el pasado 28 de abril Germán Rangel presentó su “renuncia”.

No obstante, el cisma en la Procuraduría ya se había hecho visible a fines de 2010: el 16 de diciembre, Oliva Saldaña fue detenido y remitido al Reclusorio Norte del Distrito Federal “por falsificar documentos para obtener un crédito hipotecario del Fovissste [Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado]”. De acuerdo con las fuentes de la Función Pública, Oliva Saldaña obtuvo su libertad bajo fianza y actualmente es considerado prófugo de la justicia.

Juan Carlos Rincón y Hernández de Alba, actualmente sujetos a investigaciones ministeriales por presuntos hechos de corrupción, fueron cesados de sus cargos el 9 de marzo por “no acreditar los exámenes de confianza” que se aplican constantemente a los servidores públicos. Veintidós días después, Arturo Chávez Chávez presentaba su renuncia como procurador General, tras un largo periodo de alejamiento del presidente.

En marzo, la prensa nacional –destacadamente el diario La Jornada– empezaba a revelar algunas de las indagatorias que derivaron en esa crisis. De acuerdo con los reporteros Alfredo Méndez y Gustavo Castillo (24 de marzo de 2011), la visitaduría de la propia PGR investiga a los exfuncionarios “por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones”.

Aunque la información que trascendió a los medios se centró en unos supuestos fraudes y quebrantos patrimoniales contra la Sociedad Hipotecaria Federal –cometido por constructoras y sociedades financieras de objeto limitado– y contra el Fovissste, el fondo era el conflicto interinstitucional, que ya estaba mermando en las principales políticas de la administración federal, explican las fuentes del gobierno federal.

Espionaje contra abogados

De acuerdo con los informantes consultados por Contralínea, las conversaciones de los exfuncionarios de la PGR sí habrían acreditado actos de supuesta corrupción.

Con estas “pruebas”, el presidente Calderón habría ordenado la purga al interior de la Procuraduría General, que tendría su clímax con la salida de Chávez Chávez el pasado 31 de marzo. Las investigaciones abiertas podrían alcanzar al propio exprocurador.

Aunque el cisma en la PGR se ha tratado de encubrir con asuntos menores, el secretario García Luna y un reducido círculo cercano al presidente conservarían los testigos de las intervenciones de comunicaciones. En uno de ellos se evidenciaría, incluso, un intento de soborno a la esposa del secretario Vega Casillas, para frenar “la investigación [que] estaba muy caliente”.

Además, indican las fuentes consultadas, constarían conversaciones acerca de supuestos negocios extralegales entre los exfuncionarios Hernández de Alba y Juan Carlos Rincón y representantes de despachos de abogados. En la PGR, se investigan ya a algunos bufetes, entre ellos los de Francisco Riquelme, Alonso Aguilar Zinser, José Zapata y Felipe Gómez Mont, Carlos Requena y Rodolfo Pérez.

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

"Cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda"

Siete años de mala muerte.

Cámara húngara

Escrito por Hugo García Michel

Siete años de mala muerte.

Foto: Jesús Quintanar.

Después de las marchas contra la violencia que tuvieron lugar en varias partes del país e incluso en algunas ciudades del extranjero, como París y Barcelona; después de la forma como una parte importante de la sociedad reaccionó ante el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia y de seis personas más en Cuernavaca; después, en fin, de casi cuatro años de violencia desatada por golpear al avispero y tratar de acabar inútilmente con las furiosas avispas que atacan a diestra y siniestra, lo menos que se esperaba era una respuesta cuando menos esperanzadora por parte del gobierno federal y no esa especie de “voy derecho y no me quito” que nos hicieron saber desde Cancún, en el contexto de la Conferencia Internacional para el Control de las Drogas, tanto el secretario de Seguridad Pública como el propio presidente de la República.

Siete años ha de durar cuando menos esta guerra, nos ha dicho Genaro García Luna, mientras que Felipe Calderón nos avisa que no habrá marcha atrás en su combate abierto contra los narcos. Esto suena muy vistoso en una reunión internacional con los zares antidrogas del mundo, pero suena horrible para los oídos de una sociedad que ya está harta de llevar la diaria contabilidad de los muertos, sean estos sicarios, soldados, policías o las eufemísticamente llamadas víctimas colaterales.

Es obvio que, para como están las cosas, no es posible que el Ejército regrese de golpe a los cuarteles y que hay muchas poblaciones que quedarían a merced de la delincuencia si los militares las dejaran a su suerte. Es claro también que la mayor violencia proviene de parte del crimen organizado y su alucinante capacidad de fuego. Pero empecinarse en la misma estrategia, la cual no muestra los resultados que pregonan las autoridades, no parece llevarnos sino a una mayor profundización de esta locura de balas y sangre en la que se ha sumido México a lo largo de este sexenio.

Urgen imaginación y cambios en la forma de encarar esta tragedia. No nos den siete años de mala muerte.

http://www.lamosca.com.mx/

"Cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda"

LA CRISIS A PUNTO DE STALLAR

¿UNA CRISIS A PUNTO DE ENTRAR EN CRISIS?

Desfiladero

Jaime Avilés

“El caso Fernández de Cevallos huele a tragedia, no a farsa. Su desenlace, el que sea, no traerá nada bueno”, pronosticó el Desfiladero del 21 de mayo pasado. Ese desenlace no se ha producido todavía, pero lo que podría estar a punto de ponerse en marcha cuando el poderoso miembro de la mafia salinista reaparezca –si en efecto reaparece– es una oleada represiva contra los movimientos populares que luchan por el cambio de régimen, en el contexto de la total destrucción del estado de derecho que el gobierno espurio ha impuesto a sangre y fuego para perpetuarse en el poder.

Mientras el jueves en la capital de Chihuahua era asesinada de un tiro en la cabeza una mujer que delante del palacio de gobierno exigía desde hace dos años cárcel para el asesino de su hija, en Monterrey caían tres civiles más durante el enésimo tiroteo de 2010 en la vía pública. Ayer, mientras 140 reos se fugaban de una cárcel de Nuevo Laredo, un coche bomba estalló frente a una oficina policiaca en Nuevo León.

En forma simultánea, la Policía Federal (PF), la Marina y el Ejército mantienen un clima de terror en Michoacán, en la personalísima guerra de Felipe Calderón contra el cártel de La Familia; una extraña combinación de prepotencia e impotencia, que no persigue sino derrocar al gobierno de Leonel Godoy para entronizar a la hermana del hombrecito de Los Pinos.

Testigos relataron a esta columna que el viernes de la semana pasada, en las calles de Apatzingán, agentes de la Policía Federal disparaban contra blancos móviles, mientras padres y madres de familia sacaban a sus niños de las escuelas sin que nadie los protegiera. Por fortuna, el “gobierno” federal (o lo que sea) tuvo la elegancia de decir que se trató de una “operación quirúrgica”.

La verdad es otra. El asalto a Apatzingán fue pésimamente planeado y peor ejecutado por Genaro García Luna, quien mandó a sus tropas al matadero. Estas rodearon a uno de los capos de La Familia y cuando empezaron a atacarlo descubrieron que, detrás del débil cerco trazado por el secretario de Seguridad Pública federal, había una fuerza muy superior en número de hombres y poder de fuego, por lo que la PF debió pedir auxilio a la Marina y al Ejército.

Durante la refriega murieron un bebé de ocho meses, una jovencita de 17 años y decenas –o probablemente hasta un centenar– de personas más. Como ocurre a diario en todas las ciudades de Tamaulipas, en Michoacán por primera vez fue imposible contar el número exacto de víctimas. De allí que muevan a risa los “30 mil 196 decesos” –me encanta ese “196”, diría Robert Fisk– declarados el jueves por la PGR como saldo de la guerra de Felipe Calderón contra el pueblo, so pretexto del narcotráfico.

Si consideramos que García Luna es ingeniero mecánico de profesión, no estratega militar ni mucho menos, podremos garantizar que desastres como el de Apatzingán, que afectó también a Morelia y a una docena de municipios colindantes, irán en aumento y cobrarán cada vez más vidas. En un gobierno con un mínimo de profesionalismo y seriedad, todos los miembros civiles del llamado “gabinete de seguridad”, en particular el secretario de Gobernación, José Francisco Blake; el procurador, Arturo Chávez Chávez, y, por supuesto, García Luna, jamás habrían ocupado esos delicados cargos públicos.

Pero el de Calderón no es profesional y dista mucho de ser un gobierno: es un instrumento al servicio de los intereses más perversos y persigue un objetivo supremo: llevar el caos al límite, sacarle todo el provecho que pueda y justificar, incluso solicitando una intervención militar extranjera.

Saldos del 2010

Termina el año con la Suprema Corte de Justicia de la Nación incompleta (le falta un ministro), con el Instituto del Fraude Electoral cercenado (el Congreso no logró nombrar a tres de sus nueve consejeros), con el Modelo Hidalgo de Salud Mental –que creó Virgina González Torres para impulsar la reforma siquiátrica en todos los manicomios del país– condenado a extinguirse por falta de presupuesto (en 2011 ejercerá la mitad del que tuvo en 2010), pero también con el escenario del Palacio de Bellas Artes en peligro de hundirse debido al sobrepeso de la concha acústica, con el techo del Museo Nacional de Arte perforado de goteras que filtran la lluvia a las piezas del acervo y con una intervención militar estadunidense en puerta.

El pasado lunes, las autoridades del condado Imperial, en California, aplazaron una vez más la votación para decidir si autorizan o rechazan la construcción de una base de adiestramiento de paramilitares a 120 kilómetros de las ciudades de San Diego y Tijuana. A las protestas de los vecinos de la comunidad de Ocotillo –donde un mercenario y ex agente de la CIA pretende instalar su universidad para asesinos– se han sumado las de los quechan, oriundos de esa región semidesértica.

Encabezados por Preston J. Arrow-Weed, aseguran que en caso de aprobar la base de Ocotillo, las autoridades violarían la ley porque en el sitio donde pretenden erigirla hay numerosas tumbas y rocas sagradas que “no pueden ser destruidas por desarrolladores que no conocen la historia de este país y no les importa”. Pese al rechazo creciente y a los artículos publicados por Los Angeles Times y otros diarios contra el proyecto, los vecinos sospechan que pasado mañana éste obtendrá el visto bueno.

Desafío a Ebrard

Pero la desaparición del estado de derecho no se limita a las entidades del norte, del centro y del sur donde la gobernabilidad ya no existe. En el Distrito Federal la corrupción de algunas jefaturas delegacionales auspicia igualmente el caos. En Tlalpan, como los lectores asiduos de esta columna ya saben, los vecinos se organizaron para detener la construcción de una gasolinera incrustada en un conjunto habitacional. Demandaron al propietario del negocio, el magnate Jorge Talavera, y lograron que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ordenara la demolición de la obra.

Ésta se habría llevado a cabo 30 días después si nadie hubiera presentado una apelación. Para asombro de tirios y troyanos, quien la interpuso fue el delegado perredista Higinio Chávez, cuyo antecesor otorgó ilegalmente los permisos de construcción, no me atrevo a imaginar por qué. Pues bien, pese a la maniobra de Chávez, el TCA ratificó su sentencia. Y entonces, pasándosela por el arco del triufo, Talavera reanudó el equipamiento de su negocio. He aquí un claro desafío a Ebrard. Si no procede contra el empresario y el delegado, a pesar del cambio climático, Tlalpan vivirá una Navidad caliente.

En las próximas horas, o en los próximos días, veremos tal vez el desenlace del caso Fernández de Cevallos. Si los ahora “ex misteriosos desaparecedores” son consecuentes con sus palabras, la crisis que vivimos hace más de 30 años, una vez más, entrará en crisis. Por lo pronto, feliz realidad y próximo Año Nuevo.

jamastu@gmail.com


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