SME

NUEVO ENEMIGO

HERNANDEZ

¡EL SME EXIGE LA DESTITUCION DEL
SECRETARIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL!

Boletín de prensa

Como es de dominio público, a siete días de la ilegal toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro por la Policía Federal Preventiva, conjuntamente con personal de Comisión Federal de Electricidad, los disturbios en la red eléctrica de la zona metropolitana del país, y en consecuencia, las afectaciones a los habitantes de la zona centro son inocultables. No solamente ha habido apagones e interrupciones en el servicio eléctrico en colonias populares, sino también en algunas zonas industriales, tal y como lo reporta la Asociación de Industriales del Estado de México, que el 17 de Octubre informó que “más de 750 empresas asentadas en diversos municipios de dicha entidad se han visto obligadas a parar sus procesos productivos hasta por 11 horas por la falta de electricidad”

Solamente en la imaginación de los funcionarios del Gobierno Federal no existen afectaciones en el servicio eléctrico, sino que además desvirtuando la realidad, han llegad al grado de realizar aseveraciones calumniosas como las del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, diciendo que estas fallas en el servicio son producto del “sabotaje de los trabajadores agremiados al SME”.

Distintos medios de comunicación han dado cuenta de la impericia y falta de capacidad del personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) o contratados por ella, quienes pensando igual que su director general Alfredo Elías Ayub, creen que la Zona Metropolitana de nuestro país “es igual que la ciudad de Guadalajara”. Empero, no han podido mantener alumbrada la zona centro de México.

Por si ello fuera poco, ahora hay que agregarle otro elemento de violación a las leyes de nuestro país, diversas imágenes (como la fotografía aparecida en primera plana en el periódico La Jornada el 18/X/09) y testimonios ilustran la manera tan temeraria, totalmente fuera de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, en las que vienen laborando los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad; sin guantes, sin camisolas, sin bandolas, en muchos casos sin cascos, etc. Estos trabajadores, realizan diversas maniobras en las líneas aéras y subterráneas, poniendo en grave riesgo, no solamente la continuidad en el servicio público de energía eléctrica, sino poniendo en severo riesgo su propia vida, al laborar en condiciones de total inseguridad.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con las facultades que tenemos como Sindicato de Industria, denuncia y hace responsables, en caso de que sufran accidentes graves o potencialmente graves, los trabajadores de CFE o los contratados por esta, que están laborando en nuestra zona de atención a; los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM); al Director General de la CFE, Alfredo Elías Ayub; y principalmente, al mal llamado Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quien en lugar de estarse entrometiendo en asuntos que no son de su competencia, como el hecho de afirmar que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro promulgado por Calderón “no tiene marcha atrás”, debería estar al pendiente de las condiciones de seguridad con las que están laborando estas personas.

Queremos recordarle a Lozano Alarcón, que de acuerdo al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Secretario del Trabajo y Previsión Social debe ser vigilante de la observancia y aplicación de los términos que estipula el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lozano Alarcón presume que además de ser pianista, “estudió” Leyes en la Escuela Libre de Derecho. Seguramente no entraba a clase y le pasaron de noche los primeros semestres de su carrera, en virtud de que la fracción XV, del artículo 123 Constitucional, establece la obligación de los patrones de adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Esto es, lo que debería estar vigilando y no promover burda y anticipadamente su precandidatura presidencial.

No es de extrañar la actitud de Lozano Alarcón, pues si recordamos el conflicto existente con el hermano sindicato minero, lejos de asumir su papel, lo que ha hecho es convertirse en vocero del Grupo Industrial Minera México de Germán Larrea Mota y de proteger a este consorcio, quien es el responsable del homicidio industrial de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos. Esa es la feroz cara de Lozano Alarcón, funcionario proempresarial, quien piensa que con estas acciones tiene ganada la carrera para ser candidato por el Partido Acción Nacional para el 2012.

Por tales motivos, Lozano Alarcón, vocero de Larrea Mota- Calderón, debe ser removido de su puesto, al incumplir el mandato que tiene por las leyes de nuestro país.

ATENTAMENTE

México, D.F., a 18 de Octubre de 2009.

Fernando Amezcua Castillo

Secretario del Exterior

Calderón rompe el orden constitucional

Laura Itzel Castillo
En concreto

Con ese doble discurso que les caracteriza, Calderón y los voceros del régimen de facto han repetido hasta el hartazgo que AMLO no respeta la ley ni las instituciones. Sin embargo, son ellos quienes una y otra vez trasgreden el Estado de derecho y debilitan las instituciones fundamentales de la nación para entregarlas al capital privado y extranjero.

En este contexto de ilegalidad y antinacionalismo se da el decretazo con el que Calderón pretende desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La medida viola nuestra Carta Magna y diversas disposiciones legales.

Primero hay que precisar que LyFC surge por mandato del Congreso a tráves del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que “las empresas concesionarias entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas… el Ejecutivo dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio…”
Este mandato se cumplió mediante decreto en 1994 y el organismo que se creó fue precisamente LyFC. Es decir, mientras el Congreso no cambie tal disposición, el Ejecutivo carece de facultades para liquidar a la dependencia. Por lo tanto el decretazo es inconstitucional.

Además el artículo 131 dispone que “el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso para… prohibir las importaciones… a fin de regular… la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país”. Uno de los argumentos de Calderón en los que basó su decisión es que LFC “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Es decir, reconoce que es un tema de trascendencia nacional, por lo tanto debió mediar autorización del Congreso.

También, el “Presidente del empleo” (pero de la fuerza pública) viola el la fracción XI constitucional que mandata que “el Congreso tiene la facultad de… crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones”. Los más de 60 mil trabajadores de LyFC, entre activos y pensionados, son empleados del sector público federal, entonces Felipillo carece de atribuciones para echarlos a la calle.

Por si fuera poco, Calderón también trasgredió los artículos 14 y 16 de la máxima norma que regulan los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y derecho de defensa de los trabajadores. Es decir, el decretazo se dio sin que a los empleados se les diera la oportunidad de haber sido oídos en juicio por la autoridad correspondiente, lo cual es un derecho jurídico fundamental de cualquier ciudadano mexicano.

Faltan muchos capítulos por escribirse en esta historia. Estamos seguros que el espíritu de lucha de los electricistas, la solidaridad de sindicatos, organizaciones, partidos de izquierda y de la sociedad en general frenarán este nuevo intento privatizador del espurio y su pandilla. Hoy, no hay lugar para diferencias y matices. Salgamos todos a defender a la patria y a exigir que se restablezca el orden constitucional de México.