SOBRE EL SME Y LA INDUSTRIA ELECTRICA

EL GOLPE DE CALDERON AL SME,
para aacabar de entregar la industria electrica:
Bartlett

*Llama a apoyar a los trabajadores; podría aplicar a otros gremios el mismo método fascista
*Desde su paso por la Secretaría de Energía incurrió en “serias irregularidades” para abrir el sector

“Calderón quiere acabar a toda costa con el SME porque le estorba en la ambición de quedarse con el gran negocio eléctrico”: Manuel Bartlett Díaz

Andrea Becerril

Felipe Calderón aplicó un “golpe de Estado” contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para eliminar el principal obstáculo que se interpuso a su decisión de culminar la ilegal privatización de la industria eléctrica, “empeño en el que no ceja desde que fue secretario de Energía”, denunció Manuel Bartlett Díaz.
El político priísta recalcó que “a pesar de la debilidad extrema de su gobierno, Calderón quiere acabar a toda costa con el SME porque le estorba en la ambición de quedarse con el gran negocio eléctrico, que incluye además servicios adicionales de telecomunicaciones, a través de la red de fibra óptica”.
Bartlett llamó a los mexicanos a respaldar la lucha de los trabajadores del SME porque la misma práctica “fascista y autoritaria” puede repetirse en otros gremios o sectores. Incluso, el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe “parar las orejas”, porque ellos también están en riesgo, ya que la pretensión es acabar con las dos empresas públicas.
La campaña sucia desplegada contra los electricistas en la mayoría de los medios de comunicación parte de las mentiras y falsedades del gobierno federal. “Desaparecer una empresa pública con el argumento de que es ineficiente y onerosa debe llevar a que se finquen responsabilidades a los funcionarios que la han administrado, a los jefes de sector, como el propio Calderón, ¡no a satanizar a los trabajadores!”
Recordó la batalla jurídica que ha dado en los últimos nueve años contra los gobiernos del PAN para frenar la entrega del servicio de electricidad a empresas privadas, la mayoría extranjeras, y las “maniobras de Calderón, el fallecido Juan Camilo Mouriño y el dirigente panista, César Nava, para evadir sus responsabilidades, ya que “en su paso por la Secretaría de Energía incurrieron en serias irregularidades”.
Secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, ex gobernador de Puebla y ex legislador, explicó que en 2001 promovió que el Senado interpusiera una controversia constitucional contra el entonces presidente Vicente Fox por emitir un reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitía abrir por completo el sector eléctrico a particulares.
Es una ley, detalló, creada por Carlos Salinas de Gortari para ese mismo fin, pero Fox intentó, a través de una reglamentación secundaria, eliminar lo que les impidiera dar la electricidad a consorcios foráneos. “Ganamos la controversia, la Suprema Corte consideró anticonstitucional ese decreto, pero aun con la resolución, el entonces presidente y su secretario de Energía, Calderón, continuaron dando permisos de generación”.

Bartlett destacó que en los sexenios de Fox y el actual se multiplicaron las empresas extranjeras y otras constituidas por políticos ligados a Salinas de Gortari y a panistas, que producen energía eléctrica y se la venden a CFE “a precios muy altos”. Más de 40 por ciento de la industria está ya en manos privadas, y quieren seguir así hasta llegar al ciento por ciento y cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Unión Europea.
Se ha mencionado, dijo, a José Córdoba Montoya, “el cerebro de Salinas de Gortari”, como uno de los beneficiados con la privatización, pero también han salido a relucir ex funcionarios de Fox que quieren entrar en el negocio de la fibra óptica de Luz y Fuerza. En ese contexto está también el director de CFE, Alfredo Elías Ayub, quien “cínicamente ha sido el promotor de ese proceso”.
“En ello les estorba el SME, un sindicato nacionalista, informado sobre su fuente de empleo, que reclama siempre el respeto de la ley y que nunca va a aceptar un régimen eléctrico totalmente privatizado”.
Insistió en que no se debe dejar solos a los trabajadores del SME, luego de ese “golpe de Estado” en que se utilizó todo el aparato gubernamental en su contra. Además, señaló, las presiones crecen día a día. El pasado viernes, “en el colmo de la desvergüenza”, Calderón sostuvo que por culpa de Luz y Fuerza no se generaron 100 mil empleos en la zona centro, cuando la responsabilidad es de los gobiernos, incluido el suyo, que no invirtieron para modernizar la empresa y la obligaron a comprar la electricidad a CFE a un precio muy superior al que luego debían venderla”.
Es un golpe a toda la sociedad, ya que se elimina una empresa pública y se manda a la calle a 42 mil electricistas “alta- mente capacitados”.
Con el ataque al SME, el gobierno federal, “que está en un momento de profunda debilidad, con el crimen organizado adueñándose del país y la economía que no levanta, perdió ya el control de la gobernabilidad”, advirtió.

LA NACION Y EL ESTADO DE DERECHO AGREDIDOS

Arnaldo Córdova

Cuando el año pasado se discutieron las reformas que en materia de petróleo quiso imponer el gobierno panista, muchos indicaron que el asunto de la energía debía discutirse en su conjunto, pues, como puede verse ahora, en todas sus ramas (petróleo, gas, electricidad) había intentos claros y confesos de subvertir el orden constitucional en la materia. Ya se estaba haciendo con el gas y con la electricidad. Una riqueza nacional que la Carta Magna ordena que sea explotada, desarrollada y puesta al servicio de las necesidades generales, se estaba convirtiendo por obra del gobierno derechista en objeto del más desvergonzado y cínico saqueo por privados, autorizados y hasta asesorados por los mismos gobernantes.
El golpe del gobierno de Calderón a Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas viene a poner al descubierto toda la podredumbre y toda la corrupción que envuelven sus acciones en contra de la industria nacional y sus mismas empresas, que el Estado debería promover y proteger para que lleven a cabo los objetivos que les asigna la Constitución. En ese acto del gobierno panista se dan violaciones múltiples a la Carta Magna y a sus leyes y sólo se alegan razones de orden económico y administrativo que son ajenas a la legalidad en todos sus pasos.
Ya en lo que respecta a la conducción de la economía y de la administración pública, el decreto de Calderón, que es un adefesio jurídico desde cualquier punto que se le vea, viola los artículos 27 (ya venía siendo reiteradamente violado desde la época de Salinas), 73, 89 y 90 constitucionales. El golpe contra el sindicato ofrece también violaciones, en primer lugar, a los artículos 123 (protector de las relaciones de trabajo), 14 y 16 de la Carta Magna. Aparte de ello, varias leyes han sido, asimismo, violadas flagrantemente, entre ellas la del Servicio Público de Energía y la Federal del Trabajo.
Iré por partes, porque en una sola entrega sería imposible tratarlo todo. Veamos ahora los artículos constitucionales violados, por lo menos en parte.
Calderón funda su decreto, de hecho, en una sola disposición, la que se contiene en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dicta que cuando un organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento sea inconveniente, la Secretaría de Hacienda propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción del mismo. Según su interpretación, él puede organizar y desorganizar cuantos organismos le vengan en gana. Así comienza diciéndolo en su decreto y está equivocado, porque esos organismos se crean por ley del Congreso y él sólo debe ver por su buen funcionamiento.
En el artículo anterior, el 15, se habla de leyes o decretos del Legislativo y del Ejecutivo. El segundo sólo puede expedir reglamentos, no leyes. Y en el artículo 90 constitucional se señala con toda claridad que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, el cual distribuirá los negocios del orden administrativo que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases para la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación (y en su extinción). La fracción primera del 89, que determina las facultades del Ejecutivo, establece la de “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa (¡ojo!) a su exacta observancia”.
Hay que tener presente, además, lo que dicta la fracción X del artículo 73 que establece las facultades del Congreso: “Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”. El presidente, y él debería saberlo, con los organismos descentralizados y, en particular, con los que se denominan paraestatales, no puede hacer lo que se le antoje sin antes iniciar una ley ante el Congreso que se lo permita. Le pareció que no valía la pena y pisoteó la Constitución y sus leyes.
En su decreto, cita varios artículos constitucionales y legales que viola flagrantemente. En cualquier caso resultaría paradójico, pero no en el suyo. Por supuesto, menciona el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (reformado en diciembre de 1989), en el cual se estipula que las compañías concesionadas antes a privados entrarán en disolución y liquidación y el Ejecutivo federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios para prestar el servicio. Ese organismo era, desde el periodo de Salinas, Luz y Fuerza del Centro. Claro que fue creado por decreto presidencial, pero con apoyo en una ley. No es verdad que de esa manera, por decreto, un presidente pueda crear o desaparecer organismos.
Para hacerlo, en cualquier caso y visto lo dispuesto por los artículos constitucionales que hemos citado, Calderón debió haber solicitado del Congreso la reforma de ese artículo o de cualquier otro de la mencionada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que le permitiera disolver, liquidar o extinguir Luz y Fuerza del Centro. No sé de dónde sacó el senador Beltrones que el decreto está apegado a derecho. O no sabe derecho (cosa que es cierta, de cualquier forma) o nos está ocultando alguna trama inconfesable (algo a lo que también nos tiene muy acostumbrados).
Que los presidentes panistas hayan gobernado este país violando la Constitución y sus leyes no debería extrañarnos. Y menos aún la alcahuetería desvergonzada de los priístas. Estos no le perdonarán al SME haber sido el único sindicato independiente y de verdad combativo que sobrevivió, desde su fundación en 1914, al autoritarismo priísta. Al senador Labastida, que siendo secretario de Energía nunca supo qué hacer con LFC, le parece que la paraestatal era un lastre que debió haber sido liquidada desde mucho antes y, entre los priístas, es el que lleva la voz cantante y está en todo con los panistas. Ahora veremos con qué batea de babas nos salen esos priístas en sus componendas con el PAN.
Todos dan por decidido el asunto. Se equivocan por partida doble: la ciudadanía todavía tiene voz que hacer oír como el pasado jueves por la tarde y, además, hay violaciones a nuestro orden constitucional y jurídico tan burdas y desvergonzadas que no se pueden dejar pasar si queremos vivir en un estado de derecho.

Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC


Claudia Sheinbaum Pardo

Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.

1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.

2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.

Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.

3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los “privilegios” de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.

4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.

5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.