Por Ricardo Andrade Jardí
Han pasado ya cuatro años de la agresión represiva contra el pueblo de San Salvador Atenco. Pueblo en que se asesinó, entre otros compañeros, al bailarín y estudiante de Economía Alexis Benhumea. Crimen que, por supuesto —como varios millares más— sigue impune.
Los ejidatarios, opositores a que se construyera en sus tierras de cultivo un aeropuerto, hoy están condenados a más de cien años de prisión. Y, sin embargo, ninguna “autoridad de gobierno” ha sido procesada por el asesinato de Alexis ni por la brutal represión. Que entre otras cosas consintió en que policías introdujeran los cañones de las pistolas en las vaginas de las detenidas. Así actuó la PFP y la Policía del Estado de México. Pero nuestros “morales” jueces nos hacen saber que protestar es un delito, que defender un pedazo de tierra conquistado por la Revolución de 1910, debe pagarse con todo el rigor de la ley, “su ley”, en tanto el abuso debe dejarse como ejemplo para que todo campesino que se oponga, digamos, a la siembra del maíz transgénico de MONSANTO, sepa lo que le espera: terminar en los oscuros calabozos del “estado de derecho” que la oligarquía ha ido construyendo para garantizarse IMPUNIDAD, para ellos, y la injusticia para el resto.
La represión contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) era ya el anuncio de lo que la decadencia del sistema nos depara. La lógica de destrucción que ha supuesto el neoliberalismo castigará por mínima que sea a la resistencia.
Es una dialéctica. El conflicto está latente y a cada ejercicio de opresión irán naciendo subjetividades de resistencia que el sistema decadente intentará sofocar lo más pronto posible.
La pretendida guerra contra el crimen organizado —en realidad inexistente, pues al crimen organizado no se le combate con balas, sino impidiendo el blanqueo del dinero y cortando todas las formas de suministro logístico y financiero que le permiten operar— es una estrategia que en realidad pretende criminalizar, no sólo la protesta, sino a la ciudadanía por medio del terror.
El ejército y la Policía Federal en regiones como ciudad Juárez ejercen una presión represiva que impide el libre tránsito de ciudadanos; pero los sicarios siguen circulando con una IMPUNIDAD casi absoluta, para imponer el miedo.
La falta de acción jurídica contra la actuación de las fuerzas represivas del Estado (federal y estatal) con los ejidatarios de San Salvador Atenco y en los actos represivos de hace cuatro años contra un pueblo en legitima defensa de sus tierras es una criminal aberración, impulsada por el ala derecha del PRIAN, que no debe quedar en la IMPUNIDAD. Pero sabemos también que en el México del PRIAN no es la justicia lo que prevalece, sino la injusticia. Por eso ser un blanqueador del dinero del narcotráfico es ser un exitoso banquero rescatado con dinero público. Pero ser un campesino que defiende su parcela es considerado por el stablishment un peligroso criminal al que hay que condenar a siglos de prisión y a su familia condenarla a pagar los millonarios rescates bancarios para seguir reforzando la desigualdad social que tan buenos resultados tiene para el neoliberalismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario