SME

Se manifestará SME en empresas transnacionales y bancos

Redacción/SDP | 09 de Noviembre, 2009 - 19:33
Por su parte, el vocero del SME, Fernando Amescua, llamó a los electricistas a que toda actividad se realice de forma pacífica.

Líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hizo un llamado a los agremiados a que el próximo miércoles, en el marco del paro cívico nacional, acudan a bancos y empresas transnacionales, como las de comida rápida, y se informe sobre la situación existente en Luz y Fuerza del Centro.

Según el diario capitalino, El Universal, lo anterior se acordó durante un mitin en la explanada del Monumento a la Revolución, donde miembros del Comité Central informaron sobre la organización para participar en las movilizaciones del 11 de noviembre próximo y arriben después al Zócalo para una concentración masiva.
Por su parte, el vocero del SME, Fernando Amescua, llamó a los electricistas a que toda actividad se realice de forma pacífica; tanto las acciones de volanteo en plazas públicas, mercados, así como las de centros comerciales. Así mismo, el vocero criticó el proceso de contratación y capacitación que promueve el gobierno federal, y advirtió que se tratará de una contratación condicionada, pues quienes no salgan con excelencia en la capacitación, no serán tomados en cuenta.

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Poca afluencia en sucursales de LFC para cobros de liquidación

Las sucursales de Luz y Fuerza del Centro donde se supone que los trabajadores de la paraestatal recibirían sus liquidaciones lucen casi vacías.

México, 9 Nov. (Notimex).- Con una vigilancia discreta de elementos de Seguridad Pública, cartulinas con el exhorto del SME a no recibir la liquidación y poca afluencia de ex trabajadores, las sucursales de la extinta Luz y Fuerza del Centro lucen casi vacías.
Ello a unos días de que se cumpla el plazo oficial otorgado por el gobierno federal para que los interesados puedan también obtener un bono extra.
Sin embargo, siguen acudiendo ex trabajadores, quienes comentan que ven difícil recuperar su fuente de trabajo, por lo que prefieren recibir los beneficios de la liquidación con el pago extra que se dará a quienes soliciten este derecho antes del 14 de noviembre.
Tal es el caso de Ernesto, quien después de 22 años de trabajar en LFC como operativo, obtuvo 800 mil pesos y la oportunidad de poder ser recontratado, para lo cual también se inscribirá a los cursos de capacitación.
Entrevistado afuera de la sucursal ubicada en la colonia Toriello Guerra, en Tlalpan, consideró que aunque es electricista y cuenta con basta experiencia, se inscribió a los cursos de capacitación porque piensa que es un paso para ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En tanto, su hijo, quien es ingeniero y por tres meses y medio de trabajar en LFC obtuvo una liquidación y bono por 103 mil pesos, comentó que muchos no acuden a tramitar su cobro porque se dejan presionar por el SME sin darse cuenta que pierden la oportunidad de recibir un bono extra y la posible recontratación.
También las sucursales de San Juan de Aragón y Doctores lucen semivacías, pues son más los trabajadores que en forma pacífica apoyan al SME y con cartulinas convocan a sus compañeros que llegan a reflexionar su decisión, pues aseguran que ganará la derogación del decreto de liquidación.
En estas sucursales, Lourdes y Carlos confiaron en que por aceptar la liquidación dentro del plazo establecido para recibir también un bono extra, serán tomados en cuenta para su recontratación.
Lourdes, quien era administrativa y Carlos electricista, coincidieron en que ya no es importante si fue justa o no su liquidación, sino que les den la oportunidad de ser recontratados y que se aproveche su experiencia.
Mientras Carlos no quiso dar a conocer más datos sobre su liquidación, Lourdes comentó que laboró por 16 años y recibió dos cheques que suman 440 mil pesos, los cuales piensa ahorrar y buscar la forma de ser recontratada.
Comentaron que los cursos de capacitación que les ofrecen son de electricidad, mecánica, computación y contabilidad, que serán impartidos en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
Lo mismo sucedió en la sucursal Aragón, ubicada en la colonia Héroes de Chapultepec, en donde los pocos ex trabajadores que acudieron este lunes no tuvieron que formarse para ingresar al lugar, y quienes después de alrededor de una hora adentro salían tras concretar el proceso de liquidación.
Este lugar no estuvo custodiado por numerosos elementos de seguridad, el único era el que se encontraba en la puerta central para controlar la entrada de los ex trabajadores que mostraran su credencial.
Los que sí permanecieron toda la mañana en el exterior, pero con poco trabajo, fueron los promotores de los diferentes bancos quienes se esmeraban en mostrar a los ex trabajadores las opciones y beneficios para guardar e invertir su finiquito.
No obstante, de los pocos que acudieron a tramitar su liquidación, dos de ellos han pensado mucho en hacerlo, pues consideran injusto el monto ofrecido por sus años de trabajo en la extinta compañía.
Jorge Medina, de 44 años y con 25 de haber trabajado en LFC, finalmente decidió cobrar su liquidación, sin embargo "ahora tendré que poner en orden mi vida para empezar a buscar trabajo de nuevo, sólo que ahora ya no soy el veinteañero con el mismo entusiasmo".
En tanto, su esposa Yadira Lozano, de 30 años y también ex trabajadora, no ha decidido si cobrará el finiquito, pues dijo no estar de acuerdo con la cantidad que le ofrecieron.

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El Tribunal Internacional de la Libertad Sindical condena a la presidencia mexicana

James Cockcroft
Znet.org

Traducido para Rebelión por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.

En la Ciudad de México, el 28 de octubre, el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical (que deliberará sobre la libertad sindical en México del 26 de octubre de 2009 al 1 de mayo de 2010) concluyó la primera de sus dos sesiones públicas con un informe preliminar que condenó duramente al presidente Felipe Calderón por sus violentas medidas contra los sindicatos desde que asumió el gobierno tras su discutible elección en 2006. El Tribunal fue organizado en los meses anteriores por más de 30 organizaciones sociales y civiles de México y otros países. Oyó testimonios públicos de representantes de 16 sindicatos sometidos al ataque de la carrera de fondo de la privatización en México.

El Tribunal está compuesto por veinte prominentes juristas laborales y expertos en derechos humanos, que incluyen periodistas galardonados, escritores, y defensores de la paz, más de mitad procedentes de otras partes de las Américas y Europa, incluido este reportero. Dos de los miembros que no pudieron asistir fueron el argentino ganador del premio Nobel de Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y el destacado periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, que esperan participar en la segunda sesión pública programada para finales de abril de 2010.

Como señaló la prensa mexicana, James Cockcroft, este reportero, dirigió la inauguración del Tribunal junto con la senadora Rosario Ibarra de Piedra, principal defensora de los derechos humanos en México y cuatro veces nominada para el premio Nobel de la Paz, y Miguel Ángel Granados Chapa, ganador en dos ocasiones del premio nacional de periodismo de México. Ellos explicaron que el Tribunal representa el ejercicio de la "justicia de los ciudadanos", históricamente el primer tribunal del mundo sobre cuestiones laborales. Sigue los pasos del tribunal Bertrand Russell contra la guerra de EE.UU. en Vietnam y de los tribunales que posteriormente han actuado como "la conciencia de la humanidad" en casos como las intervenciones militares-terroristas de Estados Unidos en Nicaragua durante la década de los 80 o contra la Revolución Cubana en los últimos cincuenta años. Sus informes y decisiones irán a todas las instituciones pertinentes nacionales e internacionales que se ocupan de los derechos de los trabajadores y los derechos humanos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Penal Internacional de La Haya. La presencia del Tribunal rompe así la falta de escrutinio público internacional del que los últimos gobiernos mexicanos represivos han disfrutado.

La Ciudad de México está siendo sacudida por una airada respuesta popular al envío por del presidente Calderón de tropas armadas y policías federales, el 10 de octubre, para tomar la empresa paraestatal "Luz y Fuerza del Centro" (LFC), responsable de la compleja red eléctrica del centro de México. La rápida acción a medianoche, destinada a destruir el sindicato independiente de trabajadores de la electricidad (SME), que durante 95 años organizó la fuerza laboral independiente más sólida por la democracia y los derechos de los trabajadores, instantáneamente despidió a más de 44.000 trabajadores de un solo golpe. Por medio de ello avanzó la privatización del lucrativo sector de la energía en México, así como de su extensa red de fibra óptica para venderla a los monopolios de telecomunicaciones nacionales y extranjeros.

Calderón y las grandes empresas de medios de comunicación han intentado justificar la acción militar, seguida de un decreto presidencial al día siguiente, afirmando que "la ineficacia económica" de la LFC procedía de los beneficios y altos salarios de los trabajadores del SME ganados en el transcurso de decenios de lucha. Sin embargo, la falta de rentabilidad de la LFC derivaba de la provisión del propio Estado de energía gratuita a las mayores industrias de México, junto con la compra de energía, a precios exorbitantes, de la LFC a la Comisión Federal de Electricidad. La incautación de las plantas de energía de la LFC fue inconstitucional e ilegal en muchos aspectos, incluida la falta de aprobación previa del Congreso Nacional, responsable de cualquier cambio en el sector de la energía (Artículo 26 de la Constitución).

El 15 de octubre, entre 350.000 y un millón, o más, de personas marcharon en apoyo del SME hacia El Zócalo, la plaza histórica de la Ciudad de México. La manifestación, que duró un día, incluyó a muchas familias de la clase media oprimidas por la educación, los despidos y las reducciones de salarios, y las "brigadas ciudadanas" que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, la persona que la mayoría de la gente cree que ganó las elecciones de 2006.

Después, el 24 de octubre, tuvo lugar una Asamblea Nacional de la Resistencia Popular en el vestíbulo gremial del SME. Se invitó al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para que enviara un representante, pero no acudió ninguno. Una inmensa multitud de miles de personas se esparcía fuera en las calles cuando una veintena de oradores, incluido este reportero, trabajadores, campesinos, profesores, estudiantes y otras organizaciones se ocupaban de discutir futuras acciones. El sentimiento popular era de una huelga general inmediata y los gritos colectivos de "¡Huelga!" y "No pasarán" llenaban el aire. El líder del SME, Martín Esparza tuvo que intervenir para calmar los ánimos de los trabajadores enojados y conseguir una resolución para formar un "frente nacional de lucha" para ayudar a planificar una eventual huelga legal, que requiere un aviso al gobierno de varias semanas de antelación, o -más rápido y más fácil- una serie de "paros" (interrupciones, abandonos del puesto de trabajo). Se programó el paro de un “día nacional de resistencia cívica” para el 30 de octubre, con una veintena de organizaciones obreras, de estudiantes, de profesores y de campesinos, que representan a más de seis millones de personas integradas en la acción. Se fijó una asamblea general de resistencia popular masiva para el 4 de noviembre, para discutir los planes de futuro.

Sin embargo, existen muchas divisiones entre las fuerzas progresistas. El propio SME se dividió cuando el gobierno, muchas semanas antes, rehusó "tomar nota" (reconocer oficialmente) del liderazgo de Esparza después de que el candidato apoyado por la empresa perdió unas elecciones democráticas. Ahora el candidato rival apoya el decreto del presidente Calderón contra los sindicatos.

En esta atmósfera turbulenta, marcada por apagones frecuentes debidos a la incapacidad de los esquiroles para hacer que funcione la red de la CFE, el Tribunal Internacional celebró sus audiencias. Su corto pero severo informe preliminar dijo que el Tribunal estaba "sorprendido e incluso escandalizado por la gravedad de las violaciones (de las leyes laborales) y la violencia ejercida contra los trabajadores mexicanos”. Señalando violaciones de los convenios 87 y 98 de la OIT, del Artículo 123 de la Constitución de Mexicana y de las garantías de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, de los derechos de los trabajadores al trabajo, a organizar sindicatos y a negociar convenios colectivos, el informe constataba: "Además estamos profundamente preocupados por la violación de derechos humanos y civiles que acompañan a la violación de la libertad sindical". Llegaba a la conclusión de que en México existe “una ruptura del Estado de Derecho” y una "institucionalización de la violencia contra los movimientos autónomos de los trabajadores... incluida la criminalización de las protestas sociales y de sus líderes". El Tribunal también condenó "las restricciones a la libertad de expresión" y "abusos por parte de algunos medios de comunicación al tergiversar los hechos, la verdad, en la brutal campaña mediática contra el SME y su convenio”. Concluyó con un requerimiento a:

- La derogación del decreto presidencial y la reapertura del LFC.
- Retirada inmediata de las tropas armadas y la policía federal de las centrales eléctricas.
- Reincorporación inmediata de los trabajadores del SME bajo el convenio colectivo existente.
- Creación de un comité social de diálogo para considerar alternativas de acuerdo con la Constitución y las normas internacionales.

El año 2010 marca el centenario del lanzamiento oficial de la Revolución Mexicana y el bicentenario del grito por la independencia nacional de España. En ambos casos, entonces como hoy, una crisis económica precedió a los acontecimientos revolucionarios, y el miedo de la gente a las autoridades se disipaba tan deprisa como crecía su rabia. Del 28 al 30 de abril, el Tribunal Internacional de la Libertad Sindical celebrará su segunda sesión pública, y el 1 de mayo emitirá sus conclusiones en la concentración anual de mayo en El Zócalo.

El Dr. James Cockcroft es historiador, poeta y analista social, con más de 40 libros publicados sobre política e historia de Estados Unidos, América Latina y asuntos internacionales, una docena de ellos sobre México. Su obra Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana se utiliza desde hace muchos años en México como un texto imprescindible en diversas carreras universitarias. Como ciudadano de EE.UU. e inmigrante canadiense, es miembro del Consejo del Proyecto de Solidaridad Mundial José Martí, patrocinado por la UNESCO, y Editor Honorario de Latin American Perspectives. Participa en el comité internacional de coordinación de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad, en el Comité Internacional para la Libertad de los cinco Cubanos, en la Coalición Venezuela Estamos Contigo y en la Mesa de Concertación de Solidaridad Québec-Cuba. En 2005 ejerció como vicepresidente del Tribunal Benito Juárez, un proceso internacional de la sociedad civil celebrado en México, que concluyó que la política de EE.UU. con respecto a Cuba se ajusta a la definición de la ONU de "genocidio”.

Fuente: http://www.zcommunications.org/znet/viewArticle/23010

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Hasta la victoria siempre. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!