A tres años de la entrada de la PFP a San Salvador Atenco, los pobladores mantienen una lucha contra la pobreza, la tortura, la represión, las inconsistencias en los procesos penales y las vejaciones. Desde los días 3 y 4 de mayo de 2006, la vida cambió completamente no sólo para los activistas presos, sino para sus familias. “Vivimos un calvario”, coinciden
Almoloya, Estado de México.
“Conocí a Nacho como una persona honesta, trabajadora; pero, sobretodo, justa”, dice con voz tenue María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y esposa de Ignacio del Valle Medina, hoy sentenciado a 112 años de prisión.
Atenquense, campesina y madre de tres jóvenes torturados y perseguidos por el Estado mexicano, uno de ellos incluso encarcelado, relata el desmembramiento de su familia desde los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando la Policía Federal Preventiva (PFP) y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México tomaron San Salvador Atenco.
Permanece al pendiente de sus hijos Ulises y César del Valle Ramírez, este último liberado apenas el 8 de marzo de 2008, tras ser declarado exonerado de los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación, según ratificó el Cuarto Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con sede en Toluca.
También de América, su hija, de la que sólo sabe que está bien. Acusada de secuestro, la joven que había concluido los estudios universitarios en pedagogía, y estaba a punto de titularse, ahora permanece resguardada en “algún lugar” del país hasta que un juez le otorgue el amparo y con ello evite el encarcelamiento.
Ama de casa y promotora de la justicia social, Trini habla del día en que conoció a su pareja y compañero de lucha, cuando ella organizaba una colecta de víveres que serían enviados a la ciudad de Managua, Nicaragua, en 1972. Un terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter había devastado la zona y dejado como saldo 10 mil muertos y unos 15 mil heridos. La tragedia hizo eco internacional.
“Me dolió mucho saber lo que estaba pasando la gente de aquel país”, relata a las afueras del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, mientras soldados y policías federales resguardan la zona. En aquel tiempo, junto con su primo y otros jóvenes, inició una colecta entre los atenquenses.
Fue la primera vez que promovió un acto humanitario.
Ignacio del Valle Medina, estudiante de la licenciatura en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), daba clases de alfabetización en el quiosco del pueblo. Ahí llegó Trinidad a pedir apoyo. La respuesta fue inmediata. La gente que se encontraba reunida pronto recorrió las comunidades cercanas en busca de alimentos.
Pasó un año para el reen cuentro: Nacho ayudó a Trini a concluir los estudios de secundaria en el sistema de educación abierta. La motivó a tomar los libros que había dejado al concluir la primaria.
Fueron novios por tres meses y comenzaron su lucha juntos.
“Algo que nos identifica es el estar inconformes con tanta injusticia”, dice la mujer, que a sus 54 años apenas duerme: organiza foros en la campaña “Libertad y justicia para Atenco”, da conferencias de prensa y asiste a marchas por la liberación de los presos políticos. Así ha sido su vida al lado de Nacho, con quien desde joven se acostumbró a volantear en las marchas de maestros y obreros, a favor de mejores salarios y condiciones laborales.
Recuerda la constitución del Sindicato del Personal Académico de la UNAM, en julio de 1974, cuando los profesores universitarios buscaban la contratación colectiva, la seguridad en el empleo, la profesionalización de la enseñanza y aumentos salariales acordes con el alza de precios. Ignacio y Trini caminaron juntos.
Antes del frente
Con voz pausada, Trini relata: “Acompañábamos distintas causas: a maestros, obreros, indígenas.
Siempre estábamos presentes, creíamos ser uno más de los que hacían la fuerza.
Después, Nacho se integra al Frente Regional de Texcoco y comienza a dar batalla y asesorar a los obreros de una fábrica que exigían salarios más justos. De ahí, conforma el Grupo de Habitantes Unidos de San Salvador Atenco”.
El grupo es el pretexto para “sacar adelante” al pueblo de Atenco, que por la década de 1970 era completamente rural.
La gente apenas terminaba la educación primaria y comenzaba a trabajar; no había “progreso”.
Con el grupo, al que no se le otorgaba subsidio alguno, se tenía mano de obra y cooperación de los mismos habitantes.
Resolvían las demandas de la gente del pueblo. “Teníamos amistades que tenían un poco más y contribuían con nosotros”.
Si alguien iba a fincar, ellos eran los albañiles, cuenta Trini. En el colectivo había albañiles, herreros, carpinteros, todo aquél que tuviera un oficio lo ponía a disposición del que lo necesitara.
También insistían a los presidentes municipales en que pavimentaran el pueblo, construyeran escuelas, exigían la aplicación transparente de los recursos públicos y se ofrecían a ser ellos los que llevaran a cabo la construcción. Así, edificaron el auditorio Emiliano Zapata, el espacio cultural y una escuela primaria.
La refriega
La idea de equidad y justicia fue inculcada a sus tres hijos –Ulises, administrador de empresas; América, pedagoga, y César, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM–, quienes se involucraron en el movimiento del FPDT, iniciado en 2001. Ellos también salieron a defender sus tierras y sintieron el deber de estar presentes en cada acción del movimiento.
La vida de la familia Del Valle Ramírez (como la de todo el pueblo) cambió radicalmente después del 3 y 4 de mayo de 2006 cuando elementos de la Policía Federal Preventiva y policías del Estado de México entraron a San Salvador Atenco, torturaron a 207 personas, asesinaron a dos jóvenes, violaron a medio centenar de mujeres y realizaron cateos ilegales en los domicilios de los lugareños. Hechos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por organizaciones civiles del país y del extranjero.
El 3 de mayo “estábamos en la carretera de Texcoco. Yo no veía la magnitud de lo que estábamos viviendo. Pensé que todo se iba a solucionar”. Ese día floricultores del pueblo se enfrentaban ante la fuerza pública que pretendía desalojar a los ejidatarios de la plaza municipal.
Horas después los uniformados entraron al pueblo.
“Fue terrible. La madrugada de ese día, estábamos en Atenco.
Los del frente platicábamos y acordamos que teníamos que insistir en el diálogo”. Apenas iba amaneciendo y escucharon las botas negras anunciando la irrupción violenta. La gente corría de un lado a otro en un pueblo estampado con murales alusivos al zapatismo y la Revolución Mexicana, borrados a tres años de la represión.
“Se escuchaban los disparos, imaginaba que estaban matando gente, que me iban a matar. En ese momento sientes tanto miedo y angustia, que en lo primero que piensas es en la familia. Luego, todo se oscureció. Me sentía como si hubiera bebido, estaba mareada.
Comencé a gritarle muy fuerte a César, mi hijo.
No olvido esos gritos, son un eco en mis oídos. Le gritaba con toda el alma; yo quería absorberlo con mi voz porque sentía que lo mataban”, relata Trinidad Ramírez.
Recuerda que después de correr en busca de refugio, temiendo ser alcanzada por algún policía, llegó a la casa de su hermano Raymundo. Todavía vio a su hijo César, que ahí se había resguardado la madrugada anterior. Ulises había escapado.
Ella entró al baño y escuchó un ruido muy fuerte, “como de abejas”.
Empezó el “tronadero” de vidrios. “Se meten (los policías), me agarran de la cabeza y me agachan. De pronto escucho: ¡Ahora sí ya mátenlos, pinches macheteros, los vamos a matar a todos!” Trini estaba con la cara contra el piso.
“Mi familia gritaba, los niños lloraban. Sentía que el helicóptero entraba por la ventana, seguían rompiendo los vidrios”.
Gloria Espinoza, su cuñada, comenzó a gritar: ¡No se lleven a César, no le peguen! La esposa de Ignacio de Valle intentó incorporarse para auxiliar a su hijo. Un hombre la sometía y le advertía que no lo hiciera. El miedo se apoderó de ella, esperaba el momento de su muerte. Permaneció tirada en un estado de trauma. Los hombres salieron de la casa de su hermano.
Ella seguía en el suelo.
Su cuñada le avisó la partida de los policías federales. Le ayudó a levantarse. Tenía miedo, temblaba, no articulaba palabra. A las dos mujeres les habían arrebatado a sus hijos.
Había zapatos manchados de sangre por toda la casa. Trini se perdió en la inconciencia; los helicópteros se fueron.
Salió a gatas del domicilio de su hermano junto con su familia.
La llevaron a otro lugar ya casi caída la noche. Trini desvariaba, desconfiaba de gente extraña; sus compañeros la buscaron para resguardarla.
Ella no podía sostenerse en pie.
Estaba aterrorizada.
Trinidad tuvo orden de aprehensión por más de seis meses, por “alterar el orden público”.
Logró obtener un amparo hasta el 25 de noviembre de 2006. Mientras, se mantuvo en resguardo. Su hijo César permaneció encarcelado en el reclusorio Molino de Flores hasta el 8 de marzo de 2008.
Su esposo, Ignacio del Valle Medina no sólo permanece encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, sino que se encuentra sometido a tratos vejatorios. Su hija permanece oculta.
Los uniformados –a quienes se les atribuyen violaciones sexuales, vejaciones, torturas y humillaciones contra los pobladores de Atenco y la población civil que se movilizó– siguen libres, sin enfrentar cargo alguno.
“Yo me quedé haciendo frijoles”
Catalina González Rosas es otra de las mujeres del municipio de San Salvador Atenco que ha padecido el calvario de tener a su esposo preso. Felipe Álvarez Hernández es integrante del FPDT, detenido el 3 de mayo de 2006, encarcelado en el penal del Altiplano y sentenciado a 67 años de prisión.
Felipe, de origen campesino, estudió hasta el segundo grado de primaria. También había salido a defender a sus compañeros floristas. Dedicado al corte de zacate y a manejar un bicitaxi, el hombre pretendía colaborar en la solución de los problemas de “su gente”. También a defender las tierras de las que era oriundo, amenazadas de ser expropiadas por el gobierno federal en 2001 para construir un aeropuerto alterno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Catalina, ama de casa y madre de tres jovencitas, dice: “Yo me he sentido muy orgullosa de él y de lo que hacía. A veces le hacía reclamos porque le dedicaba mucho tiempo a las actividades del frente. Él me contestaba: voy a ir a echarle ganas al bicitaxi y te traigo tu gasto. Así lo hacía, no llegaba sino hasta las 12 o una de la mañana con el dinero.” Catalina no participaba, como otras mujeres, en marchas ni en alguna otra actividad de la organización. A ella le gustaba dedicarse de tiempo completo a su familia. Ahora asiste a todas las actividades que se organizan. “Yo había sido ama de casa, pero ahora ya ni a eso me dedico; estoy al pendiente del proceso de Felipe”.
Originaria del pueblo de Mexquipaya, fue madre soltera de tres niñas hasta los 33 años, cuando conoció a Felipe Álvarez.
“Me empezó a hablar como novia y al poco tiempo me llevó a presentar con su mamá”, en un pueblo y una época en donde no era bien visto “juntarse” con una mujer con hijos, recuerda emocionada.
Al poco tiempo vivieron juntos y Felipe adoptó a las hijas de su negrita como suyas.
“Yo casi no andaba con él porque en las marchas a veces nos agredían. Mis hijas me decían que no fuera, tenían miedo de que me golpearan. Entonces, mientras muchas mujeres participaban, yo me quedaba haciendo los frijoles”, relata.
La Santa Cruz
A tres años del encarcelamiento de su esposo, recuerda que a él le gusta toda la música, “nos poníamos a bailar en la casa.
Él se acordaba de sus tiempos y yo de los míos, de cuando éramos jóvenes”.
Catalina parece novia enamorada.
Con emoción, cuenta que cada que lo visita en el penal, ella entra con una carta y sale con otra. La pareja apenas pisó alguna vez la primaria, pero ahora no deja de escribirse.
“Cuando Felipe ya no regresó a su casa, me entró un sentimiento de coraje y tristeza, me deprimí mucho”.
La mujer había identificado a su marido en las noticias, golpeado y lastimado de un pie. Ese día se celebraba la Fiesta de la Santa Cruz. Ella preparaba tamales para su esposo y “los compadres”. Oyó el tronar de cohetes, helicópteros y carros pasando cerca de la casa.
Su hija, la más pequeña, llegaba a su casa. Catalina le pidió que prendiera la tele para ver si anunciaban algo y se encontró con la sorpresa de que la gente de Atenco estaba rodeada de policías.
“Me entró la desesperación, quería irme; no sabía nada de él”. Más tarde, Felipe logró comunicarse con su yerno Carlos, a quien le dijo: ¡Esto ya se chingó, te encargo que cuides a mis niñas y a mi negrita!
Amenaza latente
Días antes de la aprehensión de Felipe Álvarez, éste “sabía que algo malo se acercaba”. El 1 de mayo, cuando celebraba su cumpleaños, salió a la marcha del Día del Trabajo. Regresó a las tres de la tarde y se comunicó con Catalina para avisarle que ya estaba en el pueblo de Atenco.
“Él ya me había dicho que le iban a celebrar su cumpleaños en Atenco, y yo me enojé un poco porque yo casi no iba para allá. No sé qué pasó, pero llegó más tarde a comer. Le compré un pastel. Era pequeño.
Lo partimos, le cantamos las mañanitas. Después llegaron sus hermanos, platicaron y él les advirtió que las cosas estaban duras, yo no sé si ya lo presentía”, dice Cata.
Felipe Álvarez advertía a sus familiares: “Estamos conscientes de lo que estamos haciendo, nos pueden desaparecer, nos pueden matar”. Catalina lo miró con asombro y él refutó: “¡Así es, vieja, estamos conscientes de lo que llegue a pasar y tú debes de estarlo!” Después, el hombre de cabello crecido y bigote abultado le preguntó: ¿Si me mataran qué harías tú? La respuesta fue inmediata: “Me voy a unir con tu gente”. Él soltó una carcajada y nunca concilió la idea de que ella, su pareja por más de 20 años, se uniera al movimiento.
Ahora, cada semana le platica las actividades que llevan a cabo a través de la campaña “Libertad y justicia para Atenco”.
Las visitas al penal de máxima seguridad se han transformado en un aliento de lucha para él y sus compañeros Ignacio y Héctor Galindo Gochicoa, asesor jurídico del FPDT, también preso.
Día de las Madres
Catalina no supo nada de su esposo sino hasta el 10 de mayo de 2006. Por siete días ignoró su paradero. Temía que los comentarios de Felipe se hubieran hecho reales y él estuviera desaparecido o muerto. En el penal de Santiaguito le informaron que Felipe había sido trasladado al penal del Altiplano. “Me trasladé en un taxi, yo no sabía lo que era la Palma (como antes se le conocía al Cefereso del Altiplano).
Yo me la imaginaba una Palma grande, gigantesca, nunca pensé que era un penal de máxima seguridad”.
Llegó a la Palma sólo con una identificación oficial. La burocracia la hizo esperar por dos horas, antes de confirmar que su esposo sí estaba ahí. “Me tuvieron sentada en trabajo social y me dijeron que hasta que trajera toda mi documentación me dejarían pasar. Le arrebaté mi credencial a la trabajadora social y salí llorando”. No olvide su número de expediente: 1751, dijo la servidora pública a Catalina.
Uno de los problemas a los que se enfrentó Catalina fue no poder comprobar su relación con Felipe. Ellos no habían informado de su amor a las instituciones públicas, lo vivían libremente. “El concubinato también debía estar documentado”, de lo contrario no podría visitar al preso nunca, advertían las autoridades del penal. Después de casi cinco horas de espera y de incertidumbre, la dejaron ver a Felipe. Era el Día de las Madres. Para poder entrar al centro penitenciario alquiló, por 60 pesos, un par de chanclas viejas y un pantalón de mezclilla roto. No podía pasar con la ropa deportiva que llevaba.
“Me tomaron muchas fotos, me metieron al locutorio y no lo reconocí. Estaba todo morado, hinchado. Lo buscaba entre los otros que habían ahí sin poderlo distinguir. No sé si eran mis nervios o porque no lo veía, hasta que me dijo: ¿Qué pasó, vieja? Me quedé sorprendida, él era de bigote grande, pelo larguito; ahí no era el mismo.
“¡Dime si todavía te siguen madreando y ahorita salgo y los denuncio! La Jornada anda atrás de nosotros, le decía, conmovida”.
Él sólo miraba hacia el techo y le decía en tono exigente: “¡No llores!” Felipe pidió perdón por todos los pleitos de pareja que tuvieron previos a su detención.
Agregó: No te preocupes por mí, sólo dale un beso a mi madre, Isidora. Ella murió de tristeza al siguiente año, dice Cata, quien se unió a los compañeros de Felipe y ahora pega carteles en el metro. Se unió a su gente, como lo había prometido.
El desafío
Héctor Galindo Gochicoa, asesor jurídico del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, había cumplido 30 años cuando fue aprehendido por las autoridades judiciales. Universitario y abogado de profesión, litigaba los asuntos de los movimientos sociales, como éste y el del Consejo General de Huelga en la UNAM.
“Él sólo fue a ver qué era lo que se necesitaba legalmente. Estaba desempeñándose como abogado, haciendo su trabajo”, dice su madre de crianza, Rosa Nelly Urrutia Castañeda. Sin embargo, se lo llevaron a Santiaguito el 3 de mayo de 2006, y a los 18 días fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.
Ahora, está condenado a 67 años y medio de prisión bajo el cargo de secuestro equiparado.
Ella, ama de casa y secretaria de oficio, lamenta que su hijo siga en la cárcel, pero lamenta más el momento en que Héctor decidió defender a los campesinos de Atenco. “Ha sido una desgracia todo esto, desde hace tres años llegó la desintegración familiar y la pobreza a nuestros hogares”, dice.
“Héctor no tenía por qué estar en una lucha así, en la que ni le pagaban. Descuidaba su progreso personal. Yo le decía cosas muy fuertes, muy violentas, porque él no debía estar ahí”. Rosa Nelly acepta la rudeza con la que trató a su hijo y terminó cerrándole las puertas de su casa. Actualmente tiene la visita restringida desde el 28 de octubre de 2008.
El joven de 33 años nació en el barrio de Iztapalapa, uno de los más pobres e inseguros de la ciudad de México. A los 15 años fue adoptado por Nelly y su esposo Héctor de la Vega, éste último diagnosticado con cáncer linfático meses previos a la detención de Héctor.
“Todo lo que ha hecho Héctor es porque él viene de condiciones muy pobres. A veces no he estado de acuerdo con él y por lo mismo no me platicaba mucho de cómo eran las cosas en el frente, inclusive teníamos problemas”.
Rosa Nelly lo describe como una persona “muy estudiosa, sumamente inteligente. Daba clases de derecho en la universidad.
Es un muchacho muy activo y defiende a la gente con la Constitución en las manos. Un buen hijo, un buen hermano, buen compañero en la lucha, por la que incluso me desafió”.
Ella le ofreció recursos para que instalara un despacho de abogados. Él se negó. Siguió apoyando las causas sociales hasta que cayó preso. “Él es un hombre muy preparado, con su trabajo hubiera salido adelante.
No que ahora, hasta nos han quitado lo que teníamos ahorrado.
No tenemos ningún apoyo, todo lo ha tenido que pagar la familia. No estaba equivocada en lo que decía”, reprocha.
Una desgracia nunca viene sola, advierte. Meses antes de que ocurrieran los hechos del 3 y 4 de mayo, le detectaron cáncer linfático a su esposo. No encontraron el tumor primario; constantemente se encuentra en “quimios” y radioterapias. El Seguro Social lo incapacita, después de un litigio interpuesto por Héctor para defender una indemnización justa; el caso es ganado.
Rosa adoptó a Héctor a los 15 años: “Lo calcé, vestí, alimenté y le di estudios. Lo quité quizá de algo que a lo mejor pudo haber sido algo nocivo para la sociedad. Hoy defiendo a mi hijo porque él no ofendió a la sociedad, hizo lo que le enseñaron en la universidad: luchar por la democracia, la justicia y el pobre”, dice exaltada la mujer que niega ser simpatizante zapatista, a diferencia de los integrantes del FPDT.
La pobreza de Atenco
María Leonor Romero Morales es madre de Jorge Alberto y Román Adán Ordoñez Romero, presos en el reclusorio del Molino de Flores, sentenciados a más de 31 años de cárcel. La mujer de 47 años vive en un pequeño cuarto construido de cartón y techos de hule, que se ondean con el viento y amenazan con desvencijarse. El piso es de tierra, por donde alguna vez pasó la yunta. La estructura de su “casa” es sostenida por clavos, corcholatas y maderos. Tiene un par de literas, trastos desgastados y una parrilla de gas.
Su hogar no es todo lo que delata su pobreza. Sus ropas, su dentadura incompleta y sus manos maltratadas por el trabajo revelan a primera vista su condición económica. Es madre de seis hijos, divorciada.
Actualmente tramita los últimos papeles que le podrían garantizar una pensión alimenticia de 200 pesos mensuales, según le informó el juez de lo familiar.
Leonor tiene la recomendación médica de no trabajar, padece de úlceras varicosas en ambas piernas. El riesgo es que se le reviente alguna vena, diagnosticó el angiólogo. Luego de la detención de sus hijos, se dedica a las labores domésticas; también lava y plancha ropa ajena. Tiene que cubrir los gastos de su familia, llevarles dinero a sus hijos para que puedan comprar madera y que elaboren marcos artesanales o cuadros religiosos.
Cada visita al reclusorio implica el gasto de los pasajes, la compra de comida en la calle (por lo menos un taco) y de tarjetas telefónicas para que cuando sus hijos tengan el permiso se comuniquen con ella. Por lo menos tiene que contar con 100 pesos el día de la visita.
Sus hijos fueron detenidos en la carretera Texcoco-Lechería después del encuentro entre los pobladores de Atenco y los policías federales. Iban en su bicicleta rumbo a Texcoco, a comprar refacciones para uno de sus vehículos. Se aproximaba la fecha de una peregrinación para visitar a la virgen de Chalma, en la que pretendían participar. Les gustaba el ciclismo.
Leonor acababa de recoger a su nieta de la escuela cuando se percató que mucha gente corría de un lado a otro. No tenía idea de lo que estaba pasando.
Tampoco sus hijos, que eran golpeados por los policías y subidos a unas camionetas.
Encima de sus cuerpos echaron sus bicicletas y, sobre ellas, el peso de la “justicia”.
La mujer, que ha sido pobre toda su vida, dice que antes de la aprehensión de sus hijos no formaba parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Ella, asegura, era priista; creía en el partido y en el proyecto de Enrique Peña Nieto, “el mismo que después reprimió a mis hijos”.
La nostalgia vence a Leonor mientras recuerda a Jorge y a Román: rompe en llanto. Por 30 años fue simpatizante del Partido Revolucionario Institucional; “incluso, mis dos hijos y yo apoyamos a Peña Nieto para que subiera al poder.
Anduvimos en su campaña como activistas. Yo le pedía a la gente que le diera su voto porque tenía buenos proyectos, que ya íbamos a tener algún beneficio. Ahora, dónde tiene a mis hijos”, reclama.
RECUADRO:
Proceso penal manipulado.
Jorge y Román forman parte de la lista de los nueve presos que continúan en el reclusorio Molino de Flores. Fueron sentenciados a más de 31 años de prisión por el cargo de ataque a las vías de comunicación y secuestro equiparado. Las autoridades no les han podido comprobar plenamente los delitos: sus expedientes están plagados de irregularidades, como los de sus compañeros.
Juan de Dios Hernández Monge, abogado del Colectivo de Abogados Zapatistas (CAZ), dice que el despacho lleva actualmente la defensa de Alejandro Pilón Zacate, Edgar Eduardo Morales, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Narciso Arellano Hernández y Óscar Hernández Pacheco.
Licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que de los 207 presos en Atenco, el CAZ llevó la defensa de 104, de los cuales obtuvieron libertad absolutoria para 103, sólo quedó Óscar Hernández Pacheco, quien continúa apelando la sentencia.
Entre las irregularidades destaca que los atenquenses están acusados de secuestro equiparado de ocho policías. Sin embargo, los eventos ocurrieron el 3 de mayo en diferentes horas y lugares. Está documentado que, consecuencia de los enfrentamientos, los pobladores llevaron a los efectivos policiacos a una clínica particular para que fueran atendidos, por lo que no pudieron estar privados de la libertad, dice.
Además “parece imposible material y humanamente que las mismas personas hubieran estado en los cuatro eventos y lugares distintos, como pretende hacer ver el Ministerio Público; eso es absurdo”.
Expone que de las declaraciones que ha utilizado el Ministerio Público para incriminarlos, se han detectado más de 80 policías testigos con declaraciones idénticas. Conforme a la ley, añade, los testigos que declaran en forma idéntica se presume que son aleccionados. “En el caso de los policías, se puede decir que son aleccionados por el propio Estado. La consecuencia legal es que no se le puede dar ningún valor legal a los testimonios fabricados por la propia autoridad”.
Esto significa, dice, que “hay una actitud de animadversión constante.
Se trata de una venganza del gobierno federal, especialmente del régimen de Vicente Fox, porque los macheteros le echaron a perder el negocio de su sexenio. Hay una manipulación de todo el proceso, una criminalización de la lucha social y una politización de la justicia”. (ER)
Desvíos millonarios de PEMEX
En 2007, Pemex Exploración y Producción, a cargo de Carlos Morales Gil, desvió más de 6 mil millones de pesos de dos fideicomisos capitalizados para pagar Pidiregas, destinándolos al pago de contratos que no tenían relación alguna. Más del 10 por ciento de los recursos se usó para supuestas indemnizaciones por litigios, renta de stands y compra de hielos y agua sin contrato de por medio
Por petición del auditor González de Aragón, el Órgano Interno de Control deberá investigar a los funcionarios involucrados por dichas irregularidades y, la Secretaría de Hacienda, auditar a las compañías beneficiadas.
Cuando iniciaba la crisis económica mundial y Estados Unidos, el principal cliente de Pemex Exploración y Producción (PEP) en la compra de crudo, anunciaba una eventual recesión, el director de esa subsidiaria, Carlos Arnoldo Morales Gil, gastó 8 mil 869 millones de pesos en pagos adicionales a los estipulados en los contratos de algunas empresas prestadoras de servicios en la Sonda de Campeche; en indemnizaciones de litigios y para pagar adjudicaciones directas que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron irregulares.
Todo ello se etiquetó como gastos de los rubros “servicios varios” y “varios”.
La discrecionalidad en el manejo de estos recursos estriba, en parte, en que los rubros “servicios varios” y “varios” no tienen una partida presupuestal ni cuenta específica. El dinero gastado por esta vía se obtuvo de tres partidas: el presupuesto programable, 2 mil 490 millones de pesos; el Fideicomiso Pemex Proyect Funding Master Trust-MT01, 5 mil 586 millones 678 mil 400 pesos, y el Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163- MTN, 792 millones 172 mil pesos; los dos últimos, vehículos financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) para garantizar los Pidiregas (proyectos de infraestructura diferida en el registro del gasto) que, según la ASF, en 2007 fueron usados por los funcionarios de PEP prácticamente como caja chica.
El 10 por ciento (890 millones de pesos) se utilizó en la compra de agua, hielo, renta de stands en exposiciones, pagos por demoras en transportación, impuestos sobre nómina y derechos de paso, todos sin documento contractual de por medio. De la misma partida, indebidamente se gún la ASF, se usaron 201 millones de pesos para pagar indemnizaciones por litigios y comprar dos terrenos.
Lo anterior ocurrió ante las omisiones del Órgano Interno de Control (OIC) en PEP, cuya función es vigilar el manejo que se hace de los recursos de la subsidiaria. Por el contrario, según detectó la ASF, el organismo que precisamente desde 2007 encabeza el exempleado del Grupo Energético del Sureste, Karim Elías Bobadilla, ha sido partícipe de las supuestas irregularidades en contrataciones y pagos.
Fideicomisos, desvío de recursos
Los fideicomisos Pemex Project Funding Master Trust-MT01 y el Fideicomiso Irrevocable de Administración F/163-MTN (creados en octubre de 1998 por la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex) fueron constituidos exclusivamente para pagos de bienes y servicios de los proyectos Pidiregas, incluidos los honorarios por servicios fiduciarios de asesoría legal de auditores externos y todos aquellos gastos que se derivan de la operación del Master Trust.
En el foro de discusión entorno a la reforma energética (julio de 2008 en el Senado de la República), Arturo González de Aragón aludió la discrecionalidad de la administración de Pemex en el manejo de Pidiregas. Actualmente el endeudamiento por esta vía supera los 2 billones de pesos, pasivo que deberá ser amortizado en los próximos 23 años. El auditor superior calcula que en 2012 esta deuda pública llegará a su nivel máximo de obligaciones de pago con 204 mil millones de pesos.
La reticencia de Pemex de transparentar los Pidiregas, incluso ante la misma ASF a la que ha negado información, “ha provocado que estos pasivos, que son hoy en día la principal deuda pública del país, sean prácticamente inauditables”, explica a Contralínea uno de los auditores de la ASF, comisionado a examinar lo que gastó PEP en el primer año de gobierno de Felipe Calderón y el primero también de Jesús Reyes Heroles al frente de la petrolera.
El legislador Ramón Félix Pacheco, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, comenta que cuando los Pidiregas comenzaron a aplicarse representaban un porcentaje limitado de la inversión en PEP, “pero el abuso en esta vía de financiamiento lo llevó a un callejón sin salida y a un elemento sin control en las finanzas de la empresa y del gobierno”.
El auditor consultado por Contralínea destaca que cientos de contratos se han echado a la misma bolsa de Pidiregas sin ser proyectos de inversión.
Trabajadores adscritos a los campos petroleros de Tabasco y las áreas de plataformas en la Sonda de Campeche dicen que las labores que ellos realizaban (básicamente de mantenimiento) ahora son ejecutadas por compañías privadas nacionales y extranjeras bajo esquemas Pidiregas. Es decir, que la petrolera está contratando a terceros las actividades que debían hacer los mismos trabajadores pagados en su nómina.
Miguel Ángel Sánchez, supervisor de PEP en Tabasco, explica: “Cada vez son más las compañías que hacen funciones que antes hacía el petrolero, desde jardinería, chapeo, limpieza, pintura, soldadura, mantenimiento de equipos, todo lo hacía personal de Pemex y ahora estos servicios se están metiendo como Pidiregas. En los contratos, supuestamente, las compañías traen personal de primer nivel con todo su equipo, pero yo que soy el encargado de recibir a esas compañías puedo decir que a su personal no le dan siquiera uniformes y el equipo que usan es el mismo de Pemex”.
De allí que en su auditoría a la cuenta pública 2007 la ASF destaque que en la subsidiaria 6 mil 378 millones 850 mil pesos “fueron pagados indebidamente con recursos Pidiregas”, de los fideicomisos Master Trust- MT01 y F/163-MTN, desviados a los rubros “servicios varios” y “varios”, justificándose como “pagos por actividades prioritarias para la adquisición de bienes o servicios que generan recursos suficientes para el pago del financiamiento”.
El órgano de fiscalización concluyó que la subsidiaria contravino “los criterios para la administración de los recursos públicos federales: legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas”.
Arturo González de Aragón determinó que los funcionarios de PEP deberán aclarar el uso de los 6 mil 378 millones de pesos. Por la gravedad del caso, se pidió al OIC abrir las respectivas investigaciones.
Para justificar los pagos, erróneamente se registraron los servicios como si se tratara de gastos relacionados con las actividades de explotación de yacimientos de petróleo o gas natural, y los gastos de exploración, transportación o entrega de hidrocarburos.
Contrario a las normas fiscales –a juicio de la ASF–, se les aplicaron las deducciones como Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH). Por ello se dictaminó que en materia administrativa y fiscal PEP no tiene una normatividad interna para calcular el DOH, “lo cual es contrario a las normas de fiscalización”.
Los contratos
A cuenta de la partida “servicios varios” y “varios”, en 2007 se hicieron 1 mil 106 contrataciones: 409 por licitación pública, cuyo monto ascendió a 2 mil 346 millones 950 mil pesos; 368 por adjudicación directa, por 2 mil 33 millones de pesos; 290 vía convenios entre entidades, por un monto de 3 mil 590 millones 793 mil pesos; y 39 contratos por invitación, por 27 millones 803 mil pesos. Más los 880 millones de pesos que, según argumentó PEP ante la ASF, se utilizaron para supuestos pagos sin contrato.
De los “convenios entre entidades”, los cuales representaron más del 30 por ciento de los recursos ejercidos, la auditoría revela que esta modalidad no está regulada, así que los funcionarios contratan a libre albedrío sin transparentar los procesos, lo que, a consideración de la ASF, infringe la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
La ASF revisó 12 contratos adjudicados por diversas modalidades, que suman el 23 por ciento de los recursos gastados. En ellos se detectaron supuestas violaciones del OIC a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). A juicio de la ASF, la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley por parte de funcionarios y contratistas se convirtió en infractora, por ello pidió a la Secretaría de la Función Pública investigar las operaciones de la oficina que encabeza Karim Elías Bobadilla.
Contralínea solicitó una entrevista con el contralor, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Uno de estos casos fue la adjudicación directa del contrato 4282169180 por 27 millones 484 mil pesos a Construcciones Metálicas de Campeche.
En contravención a la LAASSP, no se reportó ante el OIC y tampoco se remitieron los informes mensuales de la ejecución, requisito obligatorio para su pago. Lo mismo ocurrió con el contrato 4222078080, otorgado a Dowell Schlumberger de México por 90 millones de pesos, y el 4204068112, adjudicado a Compañía Mexicana de Geofísica por 173 millones de pesos.
Al escudriñar las contrataciones la ASF descubrió que la adjudicación directa a Construcciones Metálicas de Campeche fue ilegal. La otorgó el coordinador de Servicios Marinos, Manuel de Jesús Alegría Constantino, el 19 de octubre de 2006, para “la integración a los sistemas de apoyo logístico de transporte de personal y hospedaje”. Construcciones Metálicas instalaría el BAKERITRACSM (software integrador para los sistemas logísticos de transportación de personal y hospedaje) propiedad de la compañía texana Baker/MO Services Inc.
El argumento para no licitar fue que Construcciones Metálicas tenía los derechos exclusivos del software, lo cual era falso, según descubrió la ASF, porque la contratista (que no aparece en el padrón de prestadores de servicios del gobierno federal) ni siquiera tenía los registros de propiedad industrial. En consecuencia, determinó la auditoría, la contratación era inviable, por ello pidió al OIC abrir una investigación contra la empresa y los funcionarios involucrados.
Pero en este caso también solicitó a la SFP investigar al OIC. La ASF supone la responsabilidad de los contralores ya que el mismo órgano instruyó a los funcionarios de PEP que no se le enviaran los dictámenes ni las justificaciones que sirvieron de base para no celebrar una licitación pública. La ASF determinó que la contraloría interna violó la LAASSP.
El mismo caso se repitió en el contrato 4222078080 de la empresa Dowell Schlumberger, en el cual el OIC pidió no justificar su adjudicación directa.
Cuando la ASF revisó el contrato descubrió que además éste se confirió sin verificar si la compañía estaba al corriente en sus obligaciones fiscales.
Los privilegios de Asesa
Entre los casos enlistados por la ASF están las contrataciones con la empresa Aeroservicios Especializados, SA (Asesa), del Grupo Protexa, con sede en Nuevo León, que tiene como director general y accionista mayoritario a Humberto Lobo Morales. En diversas ocasiones, tanto la SFP como la ASF han fiscalizado sus negocios con el gobierno federal (mayoritariamente con PEP), detectando diversas irregularidades. Aun cuando la SFP ha declarado la nulidad o reposición de los procesos de licitación que han favorecido a Asesa, e incluso se han fincado responsabilidades a funcionarios vinculados a éstos, la compañía prácticamente concentra los contratos para el servicio de transporte aéreo en la Sonda de Campeche.
Año con año, la subsidiaria le destina sumas millonarias por la renta de sus helicópteros, extrañamente, sin optar por las adquisiciones propias.
Consigna la ASF que, “inexplicablemente, PEP no ha realizado un estudio de costo-beneficio que demuestre la factibilidad de la adquisición de helicópteros en relación con lo que paga por su renta”.
En su reciente auditoría detectó que PEP desvió 114 millones 551 mil 200 pesos de la partida destinada a la construcción de instalaciones y obra especializada para pagos de los contratos 4182458042, 4182458052 y 4182348632, signados con Asesa entre 2004 y 2005 “para el servicio aéreo de personal y/o carga en la Sonda de Campeche”. Por ello, pidió al OIC investigar a los funcionarios involucrados en este supuesto desvío de recursos y, en su caso, fincar responsabilidades.
Se detectaron también pagos en demasía y la terminación anticipada de los servicios. El detalle de las supuestas irregularidades consignadas por la ASF es el siguiente: El contrato 4182458042, denominado paquete “A”, se asignó por un monto mínimo de 35 millones 259 mil dólares y máximo de 44 millones de dólares. El contrato 4182458052, denominado “B”, se asignó por un monto mínimo de 46 millones 570 mil dólares y máximo de 58 millones 213 mil dólares. En tanto que el contrato 4182348632, denominado paquete “C”, se asignó por un monto mínimo de 63 millones de dólares y máximo de 78 millones de dólares. El monto máximo estipulado para los tres contratos suma 181 millones de dólares para ejercerse entre 2004 y 2009. La ASF descubrió que en 2007 se le pagaron 241 millones de pesos más de lo autorizado.
Para 2007, del paquete “A” se contrataron vuelos por 14 millones 651 mil dólares y 160 millones de pesos, pero se pagaron 22 millones 550 mil dólares y 230 millones de pesos. Del paquete “B” se contrataron vuelos por 15 millones 498 mil dólares y 169 millones 368 mil pesos, pero se pagaron 23 millones de dólares y 250 millones de pesos. Del paquete “C” se contrataron vuelos por 15 millones 724 mil dólares, y 171 millones 845 mil pesos, pero se pagaron 24 millones de dólares y 262 millones de pesos.
Además, los directivos de PEP autorizaron que Asesa diera por cancelados sus servicios hasta un año antes de la fecha estipulada en los contratos. El impacto es incuantificable, ya que el transporte aéreo es la principal vía de comunicación y traslados en la principal región productora de petróleo: El plazo del contrato “A” era de 1 mil 98 días, vigente del 31 de diciembre de 2005 al 1 de enero de 2009, pero sólo dio servicios 791 días. Se canceló el 29 de febrero de 2008. El paquete “B” se contrató durante 1 mil 371 días (del 31 de diciembre de 2005 al 1 de octubre de 2009), pero sólo fue vigente 991 días. En tanto que en el paquete identificado como “C” se le contrataron 1 mil 827 días de servicio (del 1 de octubre de 2004 al 1 de octubre de 2009), pero Asesa sólo dio servicio 1 mil 447 días, pues concluyó el pasado 16 de septiembre de 2008, es decir, 380 días antes de lo estipulado.
Ante la ASF, los directivos de PEP justificaron que los contratos se modificaron en su fecha de terminación y en el precio a pagar por cada año, “debido a la gran demanda del servicio de transportación aérea en la Sonda de Campeche para los trabajos de mantenimiento y construcción para la exploración y explotación de crudo”.
Sin embargo, destaca la auditoría, la subsidiaria “no pudo acreditar las actividades adicionales que originaron el aumento en la demanda de servicios de transporte aéreo de personal”. A juicio de la ASF, fue ilegal que Asesa concluyera los contratos antes del periodo estipulado, ya que “no se pudo verificar la existencia de controles en los diferentes activos que permitieron asegurar (la) eficiente utilización (de los vuelos)”. El auditor González de Aragón consideró que el OIC debe investigar el caso. Hace hincapié en la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron los pagos en demasía y la anticipación de los plazos contractuales.
Detrás del subrepticio acuerdo entre los directivos de PEP y los representantes de dicha compañía podría haber actos más graves y sobre todo un millonario impacto económico en las arcas públicas. A unos días de que se cancelaran los contratos, los directivos de PEP adjudicaron a Asesa un nuevo contrato por 1 mil 64 millones 313 mil 773 pesos para los mismos servicios de transporte en la Sonda de Campeche durante 1 mil 827 días. Es decir, que la contratista ya aseguró su entrada como prestadora de servicios en la administración de Pemex del próximo sexenio.
Según datos del sistema Compranet, el 21 de febrero de 2008 PEP convocó a la licitación 18575107-006-08, la cual, pese al monto involucrado, se deliberó en menos de tres semanas con la asignación a la citada compañía. El 28 de febrero la misma subsidiaria le había adjudicado el contrato 428218815, por 37 millones 350 mil 778 pesos.
La ASF asegura que las millonarias contrataciones afectaron el fondo presupuestal para el ejercicio fiscal 2008, pues esos gastos no estaban considerados en la hacienda pública. Y es que el oneroso monto que se pagó por los contratos 4182458042, 4182458052 y 4182348632 garantizaba a la paraestatal el transporte aéreo prácticamente hasta octubre de este año, así que para cubrir los pasivos contraídos al margen de la SHCP, la administración de Morales Gil de nueva cuenta echó mano de los fideicomisos para Pidiregas.
El diputado Ramón Pacheco alerta que “se trata de un problema muy serio el que está detectando la ASF, de allí la importancia de que ese organismo insista en verificar cómo se operan los recursos en Pemex”. El legislador enfatiza que los directivos de la paraestatal deben “clarificar sus operaciones y explicar cómo se va a cubrir esa deuda, porque es imposible que sigan manejándose como hasta ahora.
El monto de deuda que han adquirido ya rebasa cualquier nivel racional, y si a esto sumamos los manejos ilegales, tenemos un verdadero problema”.
Contralínea solicitó entrevistas con el director de PEP, Carlos Morales Gil y con los directivos de Asesa; a través del área de prensa, el funcionario se negó a la entrevista, mientras que el vocero de la compañía, José Cerda, tuvo conocimiento de la petición, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
También en la cuenta “Servicios varios”, de la partida “Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus funciones oficiales”, se desviaron 132 millones 815 mil pesos para el contrato 4120038032 con la empresa Cotemar, por alimentación y hospedaje en plataformas.
Incumplimientos fiscales
La ASF detectó supuestas irregularidades fiscales en los pagos del contrato 414104838 que PEP asignó a la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), debido a que en 12 facturas, que suman 22 millones de pesos, la empresa no desglosó el IVA. La ASF supone evasión de impuestos, por lo que pidió al Servicio de Administración Tributaria auditar a la empresa, domiciliada en el Distrito Federal.
En mayo de 2004 fue contratada para realizar estudios sismológicos en San Pablo Nopaltepec por 672 millones de pesos, en un periodo originalmente estipulado del 1 de junio de ese año al 18 de marzo de 2006. Supuestamente Comesa trasladó los 22 millones de pesos para cubrir el pago de las afectaciones a propietarios o derechos patrimoniales a terceros, por lo que, según PEP, se eximió el pago del gravamen. A juicio de la ASF, la operación fue irregular puesto que se trata de un gasto dentro de un contrato de prestación de servicios, así que la contratista debía declarar impuestos por cada factura emitida.
También se detectó que una de esas facturas sí consideró el gravamen, pero éste fue pagado por PEP. Al respecto, la auditoría determinó supuestas responsabilidades de los funcionarios de la subsidiaria.
Respecto de la auditoría realizada a PEP, la diputada Valentina Batres Guadarrama concluye que la información a la que tiene acceso el propio auditor superior “es aún insuficiente para que se pueda determinar la totalidad de irregularidades que hay en Pemex. De allí que el auditor mencione que éste es un gasto discrecional, no sólo por la forma en que se contrata, sino por la forma en que se paga.
En la subsidiaria se está creando una peligrosa maraña de corrupción”.
Desvíos a pagos de litigios
De los 8 mil 869 millones de pesos erogados en la partida “servicios varios”, 201 millones de pesos se utilizaron para gastos originados por el supuesto incumplimiento contractual de PEP con terceros o con inversionistas capitalizables. De forma irregular –según la ASF–, contablemente se registraron como gastos relacionados con la exploración y explotación de crudo. Incluso, como se les hizo pasar como gastos relacionados con la exploración y explotación, se les aplicaron deducciones fiscales que no correspondían.
Detalla la ASF que de la partida presupuestal destinada a los trabajos de exploración y explotación se hicieron “indebidamente” los siguientes pagos: 40 millones de pesos para cubrir a Agpa Industrial la indemnización del juicio ordinario 43/2007; 32 millones 500 mil pesos para CCC Fabricaciones y Construcciones, derivado de una demanda a PEP; 29 millones 967 mil 900 pesos para pagar a Oceanografía la indemnización por el juicio mercantil 22/2005.
Además de 26 millones para Proyectos y Construcciones del Usumacinta, derivado del juicio ordinario 11/2004; otros 14 millones de pesos para pagar al consorcio texano N-I Energy Development Inc la indemnización del laudo mercantil 57/2003; otros 5 millones 243 mil pesos para Excelencia Computacional, derivado del juicio ordinario 01/1997, en el cual PEP resultó condenado a pagar por rentas vencidas, devengadas a partir de enero de 1996 a septiembre de 2004.
También 5 millones como indemnización a Construcciones Ribereñas del Sur por el juicio 146/2002; 3 millones 990 mil a Hanover Compressor Company por el juicio 20/2002. Para pagar a la empresa Sistema de Destrucción Térmica “daños y perjuicios por incumplimiento de contrato: 3 millones 410 mil pesos, y 2 millones 677 mil pesos para Induemes, SA, por el juicio 01/1999, en el cual resultó condenado PEP por indebidas retenciones y gastos financieros.
De dicha partida también “indebidamente” se pagó 1 millón 918 mil pesos a Mario Enrique Villanueva León por salarios caídos según laudo laboral. La subsidiaria también erogó 36 millones de pesos para comprarle dos terrenos a José Ángel Carrillo Resendiz.
La ASF considera que todos los litigios y adquisición de terrenos pagados con esos recursos fueron irregulares, por lo que pidió a PEP aclarar los supuestos desvíos y al OIC abrir las investigaciones correspondientes. (ALP).
Bergesen bajo sospecha de evasión
Otra de las compañías beneficiadas por la administración actual de PEP fue la empresa Bergesen Worlwide Limited (BWL), a la que en 2005, por intermediación de Antonio Juan Marcos Issa y Juan Reynoso Durand –socios de la compañía naviera Blue Marine, PEP le arrendó un floating production storage and offloading (barco flotante, de almacenamiento, producción y descarga, FPSO), bautizado en México como El Señor de los Mares.
Aunque se promovió como la mejor ingeniería que ha llegado a México, en realidad en 2005, cuando la noruega lo adquirió en Singapur, tenía una antigüedad de 28 años.
Ya el año pasado El Señor de los Mares mereció la especial atención de la ASF, la cual, a petición de la Cámara de Diputados dentro de su revisión a la cuenta pública correspondiente al último año de gobierno de Vicente Fox, elaboró una auditoría especial a la adquisición del barco en la que determinó un sobreprecio.
PEP negoció el pago del contrato 412005846 en dos etapas: la primera en una emisión de 50 por ciento del costo y la segunda en 180 mensualidades fijas a 15 años.
En su revisión a la cuenta pública 2007, González de Aragón integra el caso de FPSO y su arrendataria Bergesen por ser ésta una de las compañías a las cuales se le pagó con recursos del rubro “servicios varios”. Los pagos a cuenta de los contratos 4120058460 y 4120058461 en 2007 ascendieron a 117 millones de pesos. Destaca la ASF que la contratista no presentó su declaración anual del ejercicio 2007.
Ante el Servicio de Administración Tributaria, Bergesen Worldwide Limited, que tiene su sede en Drammensveien, Oslo, está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes como residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, con el RFC EXT-031029-NOX. Como tal, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, es obligado al pago del Impuesto al Valor Agregado.
En el padrón de prestadores de servicios del gobierno federal mexicano, está registrada en el giro “empresa de inversión y holding, propietaria, administradora, constructora, reparando, adquiriendo y vendiendo embarcaciones y generalmente realizando negocios que pudieran ser, en opinión de la junta directiva, llevados a cabo ventajosamente para y por la compañía”.
En la auditoría se detectó que en el contrato signado entre PEP y Bergesen, ilegalmente se estipuló una cláusula donde se indica que la subsidiaria del Estado asumirá el pago del gravamen que por ley corresponde a la contratista. Ello, estima la ASF, “podría constituir un daño y/o perjuicio al fisco federal”.
González de Aragón dictaminó que las autoridades hacendarias mexicanas deben auditar a la compañía. Pidió también al OIC en PEP investigar a los funcionarios que dieron a Bergesen el privilegio de que la paraestatal asumiera el pago de sus impuestos.
Por el monto económico, los contratos signados con Bergesen ocupan el tercer lugar dentro de las deudas Pidiregas, después del contrato con la española Repsol para la operación del bloque Reynosa-Monterrey en la Cuenca de Burgos, por 2 mil 437 millones de dólares, y el de Dowell Schlumberger/Schlumberger Offshore Services también por 2 mil 409 millones de dólares. (ALP)
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